Patrullas de Autodefensa Civil

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Las Patrullas de Autodefensa Civil -también llamadas PAC o Patrulleros de Autodefensa Civil- fueron grupos creados durante el Conflicto Armado Interno de Guatemala, mediante el Acuerdo Gubernativo 222-83 -legalizados en 1983 aunque creados en realidad entre 1981 y 1982-, con la finalidad de involucrar a la población civil, a prestar un servicio militar, autorizados y coordinados por el Ejército de Guatemala, para teóricamente proteger a sus comunidades de la insurgencia -guerrilla- guatemalteca (Ramírez, 2007).

Contenido

Historia

Las Patrullas de Autodefensa Civil fueron grupos creados por el Ejército de Guatemala como un instrumento dentro del esfuerzo general de contrainsurgencia emprendido en septiembre de 1981. Su función consistió en hacer de las comunidades entes activos en la ofensiva antiguerrillera. Era una manera impuesta de involucrar a la población civil en el desarraigo de la insurgencia (Los Comités de Defensa Nacional en Guatemala, 1994).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien tomara como base un informe del Procurador de los Derechos Humanos, analiza el actuar de estos grupos de seguridad quien mediante el informe denominado Reclutamiento Forzoso Para Patrullas de Autodefensa Civil, los define de la manera siguiente: “...Estos grupos tenían una política de exterminio a la guerrilla a través de la reubicación de la población indígena y la erradicación o muerte de toda persona o comunidad de personas sospechosas, por medio de procedimientos violatorios de los derechos humanos..." (Ramírez, 2007).

De acuerdo a los informes antes referidos, se establece que las PAC se crearon en 1981 durante la presidencia del General Romeo Lucas García (Ramírez, 2007).

El mismo estudio realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe denominado Reclutamiento Forzoso para las Patrullas de Autodefensa Civil indica que "las primeras PAC se institucionalizaron en el Departamento de Quiché, en el año de 1982. Le siguieron los departamentos de Huehuetenango, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, Alta Verapaz, Petén, San Marcos y Suchitepéquez" (Ramírez, 2007).

Durante su existencia las patrullas fueron responsables de miles de abusos. El informe del Procurador de los Derechos Humanos en 1994 hizo referencia al estudio hecho por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAG- sobre el proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica -REHMI-, en el cual se estableció que estuvieron implicadas en 1731 casos de abusos contra los derechos humanos, incluyéndolos en la participación de 342 matanzas (Los Comités de Defensa Nacional en Guatemala, 1994).

Posteriormente con la Firma de la Paz, se puso fin a los 36 años del conflicto armado, dando como resultado la desmovilización y desarme de estos grupos, por medio del Decreto 143-96 del Congreso de la República. En ningún Acuerdo de Paz ni en el propio Decreto 143-96 se establece alguna forma de retribución o compensación por los servicios realizados por los expatrulleros. Al llegar al gobierno el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, este se ve obligado a promulgar el Acuerdo Gubernativo 228-03 que posteriormente fue modificado por el Acuerdo Gubernativo 566-03, los cuales acuerdan un pago a los expatrulleros, por los servicios prestados, acuerdos que fueron declarados inconstitucionales (Ramírez, 2007).

El decreto citado no fue del agrado de varios sectores de la población y fue impugnado de inconstitucionalidad siendo abrogado, pero en el mismo sentido nuevamente el Congreso de la República, publicó el 11 de noviembre de 2004 el Decreto 28-04 del Congreso de la República, en el que se reguló otorgar un beneficio pecuniario como aporte de capital por parte del Estado de Guatemala para cada uno de los miembros de las PAC. Este también fue declarado inconstitucional (Ramírez, 2007).

En el 2005, el entonces presidente Óscar Berger creó el fideicomiso Bosques y Agua para la Concordia, destinado a compensar a 544 mil 620 exintegrantes de las PAC con 5 240 quetzales a cada uno, quienes se comprometieron a sembrar 60 millones de árboles en tres años, lo que representaría para el Estado erogar 2.3 millones de quetzales en ese lapso. El proyecto se llevó a cabo aunque muchos patrulleros se quejaron de que no se hicieron efectivos algunos de los pagos (Gramajo, 2011).

Referencias bibliográficas