Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala - Wikiguate

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

(Última actualización: noviembre 5, 2018)

Iván Velásquez Gómez, máxima autoridad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Fotografía: Recuperada el 6 de septiembre de 2013 de elPeriódico. Material publicado por elPeriódico, bajo la licencia Reconocimiento 2.0 Genérica).

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –también conocida como la CICIG por sus iniciales- es una entidad independiente del Estado de Guatemala, creada en septiembre de 2007 en Guatemala por la Organización de Naciones Unidas –ONU-, que tiene como objetivo principal el fortalecimiento del Estado de Derecho en base a la investigación –y procesamiento penal- de la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Su actual Comisionado es el abogado colombiano Iván Velásquez Gómez (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, s.f.).

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala se creó con base en el Acuerdo firmado entre la Organización de las Naciones Unidas –ONU- y el Gobierno de Guatemala, el 12 de diciembre de 2006. El mismo fue ratificado por el Congreso de la República de Guatemala el 1 de agosto de 2007 y entró en vigor el 4 de septiembre de ese año (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, s.f.).

La entidad es un órgano independiente, tanto desde el punto de vista político como del organizacional y financiero. Todos sus costos son financiados por contribuciones voluntarias de la Comunidad Internacional, para lo cual se creó un fondo fiduciario que es administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Guatemala (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, s.f.).

La CICIG es una de las herramientas de las Naciones Unidas para el fortalecimiento del estado de derecho de los países miembros de la misma. Su novedad radica en que, por primera vez tratándose de un órgano internacional, ha sido facultada para ejercer acciones penales ante tribunales nacionales. La CICIG investiga los casos previstos en su mandato y promueve la acción penal a través del sistema nacional de justicia. En otras palabras, la actividad procesal y resolutoria queda bajo la responsabilidad del Estado de Guatemala. Una de las metas de la entidad es que, gracias a la labor de la misma, las instituciones del sector judicial guatemalteco se fortalezcan para seguir haciéndole frente a los grupos ilegales y al crimen organizado en el futuro (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, s.f.).

Mandato

De acuerdo a los acuerdos antes descritos, el Mandato de la CICIG tiene tres objetivos principales (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, s.f.):

– Investigar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que comenten delitos que afectan a los derechos humanos más fundamentales de los guatemaltecos. Además, identificar las estructuras de estos grupos ilegales, incluyendo vínculos entre funcionarios del Estado y el crimen organizado, junto con actividades, modalidades de operación y fuentes de información (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, s.f.).

– Prestar apoyo a la labor de las instituciones guatemaltecas del sector de justicia, en su labor de investigar y perseguir penalmente a los individuos implicados en los cuerpos ilegales. También ejercerá acciones disciplinacias y hará recomendaciones al gobierno de Guatemala para la adopción de nuevas políticas públicas, mecanismos y procedimientos dirigidos a la erradicación de estos grupos (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, s.f.).

– La CICIG proporcionará asistencia técnica a las instituciones del sector de justicia del país, con el fin de que la Fiscalía (Ministerio Público) y la Policía Nacional Civil tengan mejores condiciones para luchar contra la delincuencia organizada, después de la conclusión del mandato de la organización internacional (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, s.f.).

Por último, en cumplimiento del mandato de la Comisión y del Convenio de Cooperación Bilateral suscrito entre el Ministerio Público de Guatemala y la CICIG, el 29 de febrero de 2008 se creó la Unidad Especial de Fiscalía de Apoyo a la CICIG. Es en esta instancia donde se concentran las investigaciones de casos que la CICIG solicita al Fiscal General que le sean trasladadas y que estén dentro del marco de su mandato (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, s.f.).

Prórroga de su mandato

Según el acuerdo relativo al establecimiento de la CICIG, en su artículo 14, se  establece que la Comisión tendrá una vigencia de dos años a partir de 2007 y podrá prorrogarse por acuerdo escrito entre las partes: gobierno de Guatemala y Naciones Unidas (CICIG, 2012).

El mandato de la CICIG ha sido ampliada en cinco ocasiones por la ONU y el Gobierno de Guatemala. La última prórroga solicitada fue por el presidente de Guatemala Jimmy Morales la cual culmina el 3 de septiembre de 2019 (Pocón y Pocasangre, 2017). A continuación todas las extensiones de su mandato:

– Prórroga del mandato para un nuevo período de 2017 a 2019, solicitada por el gobierno del presidente de Guatemala, Jimmy Morales (Galicia, 2016)

– Prórroga del mandato para un nuevo período de 2015 a 2017, solicitada por el gobierno del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina (Galicia, 2016)

– Prórroga del mandato para un nuevo período de 2013 a 2015, solicitada por el gobierno del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina (CICIG, 2013).

– Prórroga del mandato para un nuevo período de 2011 a 2013, solicitada por el gobierno del presidente de Guatemala, Álvaro Colom (Noticias ONU, 2010)

– Prórroga del mandato para un nuevo período de 2009 a 2011, solicitada por el gobierno del presidente de Guatemala, Álvaro Colom (Cenadoj, 2009).

Comisionados de la CICIG

El abogado Carlos Castresana ocupó el cargo de comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desde la creación de la entidad en septiembre de 2007 hasta julio de 2010, cuando renunció. El jurista, escogido para el puesto por la Organización de Naciones Unidas tras una carrera ilustre en su país, fue reemplazado por el abogado costarricense Francisco Dall’anese (Castresana renuncia…, 2010).

Castresana fue escogido por la Organización de Naciones Unidas y específicamente por su secretario, Ban Ki-moon como el primer Comisionado Internacional en la historia de la CICIG, que recién había sido creada en ese año. Castresana estuvo más de dos años en el puesto y luego renunció, argumentando una campaña de desprestigio en su contra y advirtiendo que el Estado de Guatemala había fallado en su compromiso por combatir la impunidad (Castresana renuncia…, 2010).

Dall’anese, fue escogido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como el reemplazante de Castresana y tomó posesión el 1 de agosto de 2010, pero llegó a Guatemala el día 5 de agosto (Biografía de Francisco Dall’Anese, s.f.).

El mandato de Dall’anese culminó en septiembre de 2013, cuando dejó su cargo. La Organización de Naciones Unidas en Guatemala escogió en su lugar al abogado colombiano Iván Velásquez Gómez (Nuevo jefe de la CICIG envió a prisión a 50 diputados, 2013).

– Iván Velásquez Gómez, de 2013 a la fecha.

– Francisco Dall’Anese Ruiz, de 2010 a 2013.

– Carlos Castresana, de 2007 a 2010.

Investigaciones

Según los Informes de labores de cada año proporcionados por la CICIG, se enumeran a continuación las investigaciones realizadas, los casos judicializados con sentencia o en proceso ante la Instancia Judicial, solicitudes de antejuicio y procesos con impugnaciones:

Caso: Bus Nicaragua

El 8 de noviembre de 2008 fue encontrado un bus en llamas en el Departamento de Zacapa, en él se encontraban dieciséis cadáveres de personas calcinadas, pero que fallecieron a consecuencia de disparos por arma de fuego. El bus viajaba de Nicaragua a la Ciudad de Guatemala. Los pasajeros eran de nacionalidad nicaragüense y un holandés. La Fiscalía Seccional de Zacapa inició la investigación, que fue trasladada días después a la Unidad de Fiscalía de Apoyo a la CICIG (CICIG, 2009).

Se estableció la forma en que fueron asesinadas las personas y la identificación de la organización criminal que planeó, organizó y ejecutó los hechos, estructura dedicada al tráfico de cocaína, armas, asesinato por encargo y lavado de dinero entre otros delitos (CICIG, 2009).

Por el hecho se investigaron a14 personas, se presentó acusación contra cuatro sindicados, dos fueron condenados, una por encubrimiento y otra por el asesinato, asociación ilícita y conspiración para el apoderamiento y tráfico de droga. Los otros dos sindicados es por los delitos de asociación ilícita y conspiración (CICIG, 2010).

En noviembre de 2008 Marvin Montiel Marín, alias “El Taquero” recibió información sobre un bus que viajaba de Nicaragua a la ciudad de Guatemala y que transportaba narcóticos. Montiel junto a un grupo de sicarios, interceptaron el bus y lo trasladaron a una finca en Río Hondo -Zacapa- para robar la droga y reemborsarle a un narcotraficante colombiano. Pero al no encontrar la droga, torturó y asesinó a los 16 pasajeros del bus, después incineró el bus (CICIG, 2014).

Por este caso Montiel y otras 13 personas fueron sindicados por los delitos de asociación ilícita, conspiración para el apoderamiento, almacenamiento y tráfico ilegal de sustancias ilegales y asesinato. Todos guardan prisión preventiva. En enero de 2014 el Juzgado de Extinción de Dominio inició un juicio para extinguir propiedades y cuentas bancarias a Montiel Marín (CICIG, 2014).

En enero de 2016, se dio sentencia contra Montiel Marín, su esposa y otros miembros de la estructura criminal (CICIG, 2016).

Caso: Víctor Rivera

El 7 de abril de 2008 fue asesinado el ex asesor del Ministerio de Gobernación, Víctor Josué Rivera Azuaje cuando conducía su vehículo en la ciudad de Guatemala, estaba acompañado de su secretaria quien resulto herida. La investigación fue trasladada a la Unidad Especial de Fiscalía de Apoyo a la CICIG en octubre de 2008 (CICIG, 2009).

Se señala como móvil del asesinato la relación de Rivera con Jorge Mario Paredes Córdova -condenado por narcotráfico en 2009, por la Corte del Distrito Sur de Nueva York-. Paredes supuso una traición de parte de Rivera, quien conocía las actividades delictivas de éste. La CICIG actúo en este caso como querellante adhesivo (CICIG,2010).

Fueron acusados diez personas, de la cuales ocho fueron condenados a penas de prisión de 5 a 46 años, por diferentes delitos los que incluyen el asesinato y la obstrucción de la justicia. El Tribunal le dio crédito a la hipótesis de la venganza de Jorge Mario Paredes -alias el Gordo- (CICIG, 2011).

Caso: Galindo

El 8 de mayo de 2008 fueron ligados a proceso por los delitos de peculado y falsedad ideológica en forma continuada, con arresto domiciliario a el ex mayor de aviación Moisés Eduardo Galindo Ruiz –en ese entonces, Jefe de la División Presupuestaria del Ejército del Ministerio de la Defensa Nacional- y a el ex coronel de infantería Luis Catarino Estrada Valenzuela –Sub jefe del Departamento de Finanzas del Ejército del Ministerio de la Defensa Nacional-. La investigación fue trasladada a la Unidad Especial de Fiscalía de Apoyo a la CICIG en noviembre de 2008 (CICIG, 2009).

Caso: Rosenberg

El abogado Rodrigo Rosenberg Marzano es asesinado el 10 de mayo de 2009 en la ciudad de Guatemala. El expediente correspondiente a esta investigación fue trasladada a la Unidad Especial de Fiscalía de Apoyo a la CICIG el 14 de mayo de 2009 (CICIG, 2009).

En este caso la CICIG fue querellante adhesivo. Según las investigaciones realizadas, el Sr. Rosenberg planificó su propio asesinato, siendo ejecutado por miembros del crimen organizado que ademas se dedicaba al sicariato, esta estructura criminal fue contactada por Rosenberg a través de los hermanos Valdés Paiz. El 15 de Julio de 2010 el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo, dictó sentencia condenatoria a 9 de los acusados por el delito de asesinato, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas. De los sentenciados dos fueron colaboradores eficaces. Fueron ligados a proceso los hermanos Francisco José y José Estuardo Valdéz Paiz, supuestos autores intelectuales del asesinato. Además se desarticularon dos grupos del crimen organizado que operaban en los departamentos Escuintla y Guatemala, los que estaban integrados por ex policías y policías activos, sicarios y ex miembros del Ejército de Guatemala (CICIG, 2010).

Caso: Khalil y Marjorie Musa

El señor Khalil Musa y su hija Marjorie Musa Maldonado fueron interceptados en su vehículo y asesinados con armas de fuego el 14 de abril de 2009. La investigación fue trasladada a la Unidad Especial de Fiscalía de Apoyo a la CICIG el 15 de mayo de 2009. La CICIG fue querellante adhesivo en este caso (CICIG, 2010).

El doble asesinato lo cometió una estructura militar, fueron condenadas ocho de los diez acusados a penas de prisión de 8 a 48 años (CICIG, 2011).

 Caso: Zacapa

El 25 de marzo de 2008 se produjo un enfrentamiento entre dos grupos armados ilegales presuntamente dedicados al narcotráfico. El hecho se realizó en el Turicentro La Laguna, Río Hondo, Zacapa. El 27 de junio de 2008, la CICIG es aceptada como querellante adhesiva -en forma provisional- por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Zacapa (CICIG, 2009).

La confrontación dejó un saldo de once personas asesinadas entre ellas Juancho León –supuesto narcotraficante guatemalteco-. Fueron acusados por los delitos asesinato y asociación ilícita siete guatemaltecos y siete mexicanos, incluido Daniel Pérez Rojas –alias el Cachetes- y condenados a penas de entre 8 y 313 años de prisión (CICIG, 2011).

Caso: Alvaro Matus

El caso se genera con el asesinato de Víctor Rivera Azuaje, ya que la CICIG fundamentó que en el trabajo de investigación de la escena del crimen, en la cadena de custodia de las evidencias recuperadas, el manejo de testigos e informantes se dieron manipulaciones por Álvaro Matus (CICIG, 2009).

Álvaro Matus –ex jefe de la Fiscalía de Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal del Ministerio Público- cometió los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, conspiración y obstrucción de la justicia en la investigación del asesinato del señor Victor Rivera. Además se vincula a Leyla Susana Lemus -sub Directora de la Oficina de Protección a testigos del MP- y a Pedro Pablo Girón Polanco por los mismos delitos. La CICIG fue querellante Adhesivo en este caso (CICIG, 2010).

Caso: Portillo

El ex presidente Alfonso Portillo fue entregado por las autoridades mexicanas a las guatemaltecas el 7 de octubre de 2008, en respuesta a una solicitud de extradición iniciada en 2005, por ser acusado por el delito de peculado. La investigación fue trasladada a la Unidad Especial de Fiscalía de Apoyo a la CICIG en noviembre de 2008. El 1 de abril de 2009 la CICIG se constituyó como querellante adhesivo -en forma provisional- y la Fiscalía acusó a Portillo por el delito de Peculado el 3 de abril de 2009 (CICIG, 2009).

Se acusa a Alfonso Portillo, Eduardo Arévalo Lacs, exministro de la Defensa y a Manuel Maza Castellanos, ex ministro de Finanzas Públicas por el delito de peculado en 2008. Se les acusó de sustraer ilícitamente fondos públicos y obtener un beneficio económico, aprobando la modificación al presupuesto nacional en favor del Ministerio de la Defensa Nacional por la suma de Q120 millones. La sustracción fue ocultada por certificaciones falsas justificadas como secreto militar, con documentación de soporte no pertinente, ni suficiente y tampoco competente para acreditar los citados gastos (CICIG, 2009).

El 9 de mayo de 2011 el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, absolvió a Portillo, Eduardo Arévalo Lacs y a Manuel Maza Castellanos, al descartar los principales medios de prueba testimoniales y parciales presentados por la CICIG y el MP. El 30 de Julio de 2011, apelaron la resolución (CICIG, 2011).

El 9 de mayo de 2013 la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal decide no acoger los recursos de apelación especial interpuestos por el MP y la CICIG y confirma la sentencia absolutoria (CICIG, 2013).

 Caso: Agentes PNC

Cuatro elementos de la Policía Nacional Civil fueron procesados por los delitos de detención ilegal, robo agravado y simulación de delito. Elías Lemus Guerra –alias Mariachi Loco-, José Eduardo López Hernández, Denis Godínez y José Alberto García Ortiz formaron una banda de criminales que realizaron actividades ilícitas mientras eran funcionarios públicos. Los cuatro fueron condenados por robo, abuso de autoridad y simulación de delito. Lemus fue sentenciado a 5 años de prisión, López a 8 años, mientras que Godínez y García a 6 años. La CICIG fue querellante adhesivo (CICIG, 2009).

Caso: Pavón-Infiernito

El 25 de septiembre de 2006 se efectuó un operativo carcelario en Pavón con el objetivo de retomar el control de la granja penal, paralelamente al plan oficial, se realizó y ejecutó la muerte de 7 reclusos, contando con personal y recursos logísticos para identificar y eliminar prisioneros problemáticos. Después la escena del crimen fue manipulada para aparentar una confrontación entre los reclusos y las fuerzas del orden público (CICIG, 2014).

Este caso también abarca los casos denominados Zacapa y La Cueva -ejecuciones de tres prófugos de la cárcel del Infiernito en 2005, por fuerzas de seguridad estatal- (CICIG, 2012).

La CICIG actúa en este caso como querellante adhesivo (CICIG, 2010).

Por este caso, el ex director del Sistema Penitenciario Alejandro Giammattei y el ex jefe de seguridad del Sistema Penitenciario fueron sentenciados por el delito de asociación ilícita (CICIG, 2012).

El 8 de agosto de 2013, fueron condenados entre 15 y 33 años de cárcel por el delito de ejecución extrajudicial a el ex jefe de Investigación Criminal de la PNC Victor Hugo Soto Diéguez y a los detectives Áxel Arnoldo Martínez Arriaza, Victor Ramos Molina y Aldo Stefano Figueroa por tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. El 27 de febrero de 2014, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló la sentencia. El 13 de octubre de 2014, la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia otorgó en definitiva el amparo planteado por el MP, manteniendo la condena dictada por el Tribunal de Sentencia Penal de Mayor Riesgo B, en 2013 (CICIG, 2014).

La audiencia nacional de España ordenó en noviembre de 2013 el enjuiciamiento del ex ministro de Gobernación Carlos Vielmann Montes, de nacionalidad española desde 2009. Es sindicado de liderar una estructura parapolicial dentro del Ministerio de Gobernación, se le acusa la muerte de presos en los casos El Infiernito y Pavón (CICIG, 2014).

El ex director de la PNC Erwin Johan Sperisen Vernon, con nacionalidad suiza-guatemalteca, fue condenado a cadena perpetua el 6 de junio de 2014 por el Tribunal Criminal de Ginebra, lo encontraron culpable de las ejecuciones extrajudiciales de 7 reos, además de ser cómplice de 6 asesinatos y autor directo de la muerte de José Abraham Tiniguar Guevara dentro de la Granja de Rehabilitación Pavón (CICIG, 2014).

Javier Figueroa Díaz, ex subdirector de investigaciones de la PNC, fue absuelto el 10 de octubre de 2013, un mes después de iniciar el debate, en un Tribunal de Austria (CICIG, 2014).

Caso: RENAP/Easy Marketin

Entre el 23 y 29 de junio de 2008 se dieron irregularidades en la licitación de la emisión del Documento Personal de Identificación del RENAP. Se encuentran ligadas al proceso el exministro de gobernación Francisco Jiménez y la Magistrada del Tribunal Supremo Electoral Patricia Cervantes Chacón (CICIG, 2010).

Caso: Víctor Gálvez

El 24 de octubre de 2009 es asesinado en Malacatán -San Marcos- el líder sindical y campesino Víctor Gálvez. Llevaba años luchando por las reivindicaciones del campesinado (CICIG, 2010).

Caso: Felipe Valenzuela

El 8 de abril de 2010 el periodista Luis Felipe Valenzuela es herido gravemente en un ataque armado en su contra, se encuentra en investigación el caso para determinar las razones del hecho (CICIG, 2010).

Caso: Primavera

El 3 de noviembre de 2006 se dio el secuestro y la adopción irregular a una niña, por medio de documentos falsos por una organización criminal que estaba integrada por la agencia nacional de adopciones “Asociación Civil Primavera”, la que estaba integrada por abogados, notarios, funcionarios de la PGN y el Juez de la Niñez y Adolescencia de Escuintla y una agencia de adopciones de Estados Unidos, se dedicaba a la trata de personas con fines de adopción irregular (CICIG, 2014).

 Esta organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de adopción irregular, conocida como “lavado de niños o child laundering”, consistía en ocultar todas las ilegalidades cometidas para garantizar la impunidad de la estructura criminal y así evitar que los niños pudieran ser ubicados y reclamados por su padres biológicos (CICIG, 2012).

En esta modalidad se falsificaban documentos para ocultar o cambiar la identidad de los niños, eran presentados como infantes vulnerables en sus derechos y acudían a un proceso de protección bajo la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Funcionarios de la PGN, dejaban pasar los expedientes con anomalías, sin verificar datos, ignorando formalidades a cambio de ganancias económicas ilegales (CICIG, 2012).

Luego, los jueces implicados en la red declaraban abandonado al niño y su estado de adoptabilidad y de esta manera cubrir de una aparente regularidad todo lo ejecutado por los demás participantes de la estructura en el trámite irregular de la adopción (CICIG, 2012).

Hay 12 sindicados por los delitos de trata de personas, asociación ilícita y falsedad en documentos (CICIG, 2013).

Por este caso han sido acusados: la abogada Susana María Luarca Saracho por participar en el trámite de adopción irregular de una niña, quien fue raptada de su casa el 3 de noviembre de 2006, Luarca es acusada de los delitos de asociación ilícita, trata de personas y uso de documentos falsificados. Juan Mario Fernando Peralta Castañeda, ex juez de la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de Escuintla, es sindicado por los delitos de trata de personas, prevaricato, asociación ilícita y denegación de la justicia (CICIG, 2014).

Caso: Maskana

Consiste en el desvío y lavado de fondos del Estado. En septiembre de 2009 el ex Ministro de Gobernación, Raúl Velásquez, emitió un acuerdo y autorizó la compra de combustible. Sin licitar y sin haber cotizado anticipadamente firmaron un contrato con la Empresa Maskana, S.A. para comprarle combustible y abastecer a las patrullas y motocicletas de la Policia Nacional Civil. Al valor de la compra, fueron agregados Q39 millones más, el 50 % del monto total fue malversado (CICIG, 2014).

Fueron condenados dos personas, siendo uno de ellos el Director de la Policía Nacional, Baltazar Gómez Barrios, por incumplimiento de deberes y concusión. La CICIG ejerció como querellante adhesivo (CICIG, 2010).

El ex Ministro de Gobernación Raúl Vásquez Ramos fue ligado a proceso por los delitos de lavado de dinero, abuso de autoridad y conspiración para la concusión. JuanCarlos Maximiliano Leal Medina, ex secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia fue sindicado por el delito de lavado de dinero y enviado a prisión preventiva (CICIG, 2014).

Caso: Smurf

El señor Rudy Francisco Alfaro Orozco -alias Smurf-, es condenado por femicidio de una víctima y secuestro de otra (CICIG, 2010).

Caso: Red Adopciones, Caso Muyus, Caso Pontaza

Estos casos se basan en estructuras criminales dedicadas a la trata de personas con fines de adopción irregular liderada por notarios. El Modus operandi utilizada en estos casos consistía en que a cambio de dinero, conseguían a los niños directamente de las madres biológicas o de intermediarios que las convencían por medio de promesas de dinero, engaño u otros. Obtenidos los niños, se ofertaban a padres adoptivos extranjeros, por medio de agencias internacionales de adopción, los niños eran vendidos por una elevada suma de dinero y se tramitaba la adopción por vía notarial (CICIG, 2012).

En ocasiones los niños eran robados, en esta modalidad se daba la participación de abogados, registradores civiles, funcionarios municipales y falsificación de documentos. También estaban asociados hogares privados de protección, en los que se mantenía a los niños mientras se realizaba el trámite (CICIG, 2012).

Otra modalidad dedicada a la trata de personas con fines de adopción irregular que fue investigada, conocida como “lavado de niños o child laundering”, consistía en ocultar todas las ilegalidades cometidas para garantizar la impunidad de la estructura criminal y así evitar que los niños pudieran ser ubicados y reclamados por su padres biológicos (CICIG, 2012).

En esta modalidad se falsificaban documentos para ocultar o cambiar la identidad de los niños, eran presentados como infantes vulnerables en sus derechos y acudían a un proceso de protección bajo la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Funcionarios de la PGN dejaban pasar los expedientes con anomalías, sin verificar datos, ignorando formalidades a cambio de ganancias económicas ilegales (CICIG, 2012).

Luego, los jueces implicados en la red, declaraban abandonado al niño y su estado de adoptabilidad y de esta manera cubrir de una aparente regularidad todo lo ejecutado por los demás participantes de la estructura en el trámite irregular de la adopción (CICIG, 2012).

Otras formas utilizadas por las estructuras criminales eran la de ocultar la minoría de edad de la madre, matrimonio de la madre, reconocimiento del niño por parte del padre entre otros, de esta forma intervenían funcionarios del registro civil y médicos (CICIG, 2012).

El caso Pontaza es un ejemplo de otra modalidad de adopción ilegal, donde se utilizaba el tráfico de influencias y se intenta el proceso de adopción cuando no se cumplen los requisitos necesarios. Este caso involucra funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social, funcionarios del Consejo Nacional de Adopciones, jueces y abogados particulares (CICIG, 2012).

Caso: Militares

Investigación a 8 militares involucrados el ex general Enrique Ríos Sosa, Miguel Ángel Salguero Torres, Luis Alberto Gómez Guillermo, Sergio Hugo Cárdenas Sagastume, Randolfo Leonel Chacón Álvarez y Pedro Adolfo Catalán Muñoz, por tomar parte directa en la sustracción de Q441,585,965 del erario nacional siendo funcionarios del Ministerio de la Defensa Nacional durante el 2001 (CICIG, 2013).

Son acusados por los delitos de Peculado y Falsedad Ideológica en forma continuada, hurtaron el dinero, catalogando la sustracción como gastos con secreto militar (CICIG, 2012).

La CICIG fue admitida como querellante adhesiva provisional el 7 de abril de 2009 (CICIG, 2009).

Caso: Gasofa

Contrabando de combustible, desde 2008, que realizaba una estructura criminal, liderada por Marvin Barrios Marchena, que ingresaba de forma ilegal a Guatemala por la Aduana Pedro de Alvarado desde El Salvador hacia la ciudad capital para su comercio ilegal. Esta defraudación se realizaba por medio de una estructura criminal que operaba a través de la PNC la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, el sector justicia, empresarios y particulares (CICIG, 2013).

Por este caso, en 2013, han sido condenados a 18 años de prisión 9 integrantes de la PNC por los delitos de contrabando aduanero y asociación ilícita. Están pendientes de debate oral y público otros 9 integrantes de la estructura criminal. La CICIG actúa como querellante adhesiva en este caso (CICIG, 2013).

En junio de 2014, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, en recurso de casación, propuesta por la defensa, cambió la sentencia a 14 años de prisión (CICIG, 2014).

Caso: Vidal Requena

El 24 de abril de 2009 se enfrentaron agentes de la PNC y supuestos narcotraficantes en Amatitlán, donde murieron 5 agentes de policía y se incautaron 350 kilos de cocaína y armamento. Entre los detenidos hay ex elementos del grupo antes llamado Servicio de Análisis e Información Antinarcótica -SAIA- de la PNC y miembros de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y al tráfico de armas, relacionados con los Zetas (CICIG, 2013).

El ex subdirector del Sistema Penitenciario Vidal Efraín Requena, es ligado a este caso:

El 11 de junio de 2012 es condenado a 6 años de prisión por el delito de lavado de dinero. El MP y la CICIG lo sindicaron también por el delito de de asociación ilícita, pero la jueza Carol Patricia Flores ordenó cerrar la persecución penal por este delito. La CICIG apeló por esta decisión y la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Ramo Penal dejó sin efecto la resolución de la jueza. El Tribunal Primero de Mayor Riesgo “A condenó a Requena a 8 años de prisión por el delito de asociación ilícita y comprobar su vinculación con una estructura criminal dedicada al narcotráfico y al asesinato luego de darle valor probatorio a los testimoniales y documentos presentados por el MP y la CICIG. En junio de 2013 la Corte de Constitucionalidad revocó la sentencia dejando sin efecto la resolución de este Tribunal (CICIG, 2013).

Caso: Retalhuleu

Fredy Herald De León Barrios y Martín García González fueron condenados a 31 años de prisión cada uno por los delitos de asociación ilícita y secuestro de tres personas, ocurrido 21 de noviembre 2009. Está pendiente la captura de 5 personas más (CICIG, 2013).

Caso: Fusión

Mario Antonio Caal Xoy y su hermano Enrique Francisco Caal Xoy, ex oficial de la PNC, quien era encargado de la protección a jueces que integraban los Tribunales de Sentencia Mayor Riesgo, fueron condenados a 25 años de prisión por su posible participación en una estructura criminal que operaba en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Guatemala, realizaban acciones u omisiones propias de su trabajo con el objetivo de lograr impunidad para los miembros de la organización criminal con respecto a su actuar delictivo. El caso inició en Julio de 2011 (CICIG, 2013).

Caso: Amatitlán

Fue una operación antidroga realizada el 24 de abril de 2009 por las unidades del Servicio Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil -SAIA-, efectuada en un complejo de bodegas llamado Urbanización del Sur, ubicadas en Amatitlán, actuando con la autorización y conocimiento de los 3 mandos superiores de la SAIA. Durante este procedimiento encontraron resistencia y se produjo un enfrentamiento entre agentes policiales y personas que integran una organización criminal dedicada al narcotráfico, con vínculos con la estructura Mexicana Los Zetas. Como consecuencia resultaron asesinados cinco policías. El expediente fue trasladado a la Unidad Especial de Fiscalía de Apoyo a la CICIG, en Julio de 2009 (CICIG, 2013).

Se localizaron en el lugar 382 kilos de cocaína, armamento ofensivo y militar, gran cantidad de vehículos, algunos de ellos robados y uniformes color negro con la sigla DEA (CICIG, 2013).

Baltazar Gómez Barrios, ex director de la División de análisis e Información Antinarcótica -DAIA-, y dos de sus subalternos fueron condenados el 30 de septiembre de 2013 a 16 años de prisión y al pago de una multa de Q50 mil por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de estupefacientes, así como a 3 oficiales de la PNC (CICIG, 2013).

También fueron condenados 13 elementos de una organización dedicada al narcotráfico y condenados a penas de prisión que van de 1 a 61 años por delitos que van de comercio, almacenamiento y tráfico ilícito, asociación ilícito, tenencia, depósito ilegal de armas de fuego y municiones, uso ilegal de uniformes e insigneas, uso de documentos falsificados y portación ilegal de armas de fuego, estas personas fueron condenadas por participar en un tumbe de droga en la que también participaron miembros de la PNC, quienes formaban parte de una estructura criminal destinada al narcotráfico. Se les fue disminuido 2 años por el delito de asociación ilícita (CICIG, 2014).

Fue enviado a prisión el ex inspector de la PNC, Melvin Antonio Castillo Pineda por este caso, ligado a proceso por los delitos de asociación ilícita, comercio, tráfico y almacenamiento ilícto, asociación ilícita y obstrucción de la justicia (CICIG, 2014).

Caso: Cleopatra

A partir de 2008 y durante el 2009, una estructura criminal operada desde la dirección de la PNC, se dedicaba a la limpieza social, su objetivo eran las ejecuciones extrajudiciales de supuestos extorcionistas al transporte público (CICIG, 2014).

Se investigó en este caso a Marlene Blanco Lapola, ex directora de la PNC y a 6 miembros de la PNC, por pertenecer presuntamente a esta estructura paralela al estado dedicada a realizar ejecuciones extrajudiciales, por haber ordenado la muerte de 3 supuestos extorsionistas (CICIG, 2014).

Caso: Polochic

El 15 de marzo de 2011 se llevó a cabo un desalojo en el predio Miralvalle –Valle Panzós, Alta Verapaz-, fue ordenado por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Cobán, con fundamento de una denuncia de usurpación agravada presentada por el Ingenio Chabil Utzaj, en contra de las comunidades campesinas de la región. El procedimiento lo llevó a cabo la Fiscalía Municipal de La Tinta -Alta Verapaz-, y las unidades de la División Dirección Fuerzas Especiales -DIFEP- (CICIG, 2013).

En la acción resulto muerto Antonio Beb Ac al recibir un impacto en la cabeza por la incorrecta utilización de un aparato disuasivo utilizado por las Fuerzas Especiales de la PNC. Se investiga por el delito de ejecución extrajudicial a Pedro González Rodriguez, subcomisario jefe de la División DIFEP (CICIG, 2013).

Caso: Alaska

Esta investigación se centra en 8 soldados y un coronel de la Unidad de Seguridad Ciudadana del Ejército de Guatemala, por su supuesta participación en la ejecución extrajudicial de 6 manifestantes y la la ejecución extrajudicial en grado de tentativa de 16 personas -heridas con arma de fuego-. Lo anterior sucedió el 4 de octubre de 2012 en la Cumbre de Alaska, km. 169 de la Carretera Interamericana. Los militares llegaron al lugar como apoyo a las Fuerzas Especiales de la Policía para disolver una manifestación que obstaculizaba el paso en la carretera Interamericana (CICIG, 2013).

Caso: Jacobo Salán y Napoleón Rojas

Jacobo Esdras Salán Sanchez y Napoleón Rojas Méndez ex asesores del ex presidente Alfonso Portillo, fueron condenados el 5 de junio de 2014 a 5 años y tres meses por encontrarlos culpables del delito de peculado en grado de complicidad (CICIG, 2014).

A Salán y a Rojas se les culpa de participar en el robo de Q120 millones del Ministerio de la Defensa Nacional en 2001. Portillo dio la orden del traslado de Q30 millones al Crédito Hipotecario Nacional -CHN-, dinero que fue recibido por el presidente de la entidad en esa época, José Armando Llort Quiteño (CICIG, 2014).

Caso: Fraijanes II

Este caso se origina por un convenio entre el ex Ministro de Gobernación, Salvador Gándara y la ONG Fundtech, quien a su vez contrató a la empresa Serdiconstru para realizar el proyecto de remodelación del Centro de Rehabilitación para Hombres Fraijanes II. Las investigaciones mostraron irregularidades en la contratación y ejecución del proyecto y el actuar de los funcionarios públicos (CICIG, 2014).

El sucesor de Gándara, Raúl Antonio Velásquez Ramos incumplió sus obligaciones de verificar el cumplimiento de deberes. Fue llevado a juicio y condenado el 13 de junio de 2014 a 3 años de prisión conmutables por el delito de incumplimiento de deberes. También fueron culpados a un año de prisión conmutables dos auditores de la Contraloría General de Cuentas por el delito de incumplimiento de deberes, al no denunciar los las incoherencias encontradas (CICIG, 2014).

Caso: Furgones

Es un caso relativo a contrabando aduanero, en 2013 fueron ligados a proceso 7 personas entre las que se encontraban funcionarios y ex funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, se les sindicó de haber permitido la salida encubierta de 11 contenedores del perímetro portuario de la Aduana de Puerto Quetzal, entre abril y junio de 2009, por medio del empleo de Declaraciones únicas Aduaneras -DUAs- falsas y sin pagar los impuestos correspondientes de importación. Cuando llegaban los contenedores, eran guardados en un almacén de depósito bajo el respaldo de la Admisión Temporal de Contenedores, luego eran sacados clandestinamente con la supuesta participación de los sindicados (CICIG, 2014).

Caso: Rosalinda Rivera

Rosalinda Rivera fue sindicada de pertenecer a una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de adopción irregular. Rivera es hermana del ex diputado Gudy Rivera. A ella se le acusa de ser la dueña de una casa cuna clandestina donde se localizaron 9 niños en proceso de adopción de forma ilícita. La CICIG es querellante adhesivo en éste caso. (CICIG, 2010).

Se le investiga como una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de adopción irregular. Siete fueron sindicados por los delitos de trata de personas, conspiración, falsedad ideologica, incumplimiento de deberes y asociación ilícita, entre los sindicados hay un un notario, un medico, un registrador civil y una ex funcionaria de la Procuraduría General de la Nación -PGN- (CICIG, 2013).

El Modus operandi utilizado por estas estructuras criminales dedicadas a la trata de personas con fines de adopción irregular, consistía en una modalidad la cual era liderada por notarios, que a cambio de dinero, conseguían a los niños directamente de las madres biológicas o intermediarios que las convencían por medio de promesas de dinero, engaño u otros. Obtenidos los niños, se ofertaban a padres adoptivos extranjeros por medio de agencias internacionales de adopción, los niños eran vendidos por una elevada suma de dinero y se tramitaba la adopción por vía notarial (CICIG, 2012).

Entre las formas utilizadas por la estructura criminal era la de falsificar documentación para aparentar una adopción legal, con esta modalidad intervenían funcionarios del registro civil y los servicios de médicos a favor de la red criminal (CICIG, 2012).

 Caso: Byron Vargas Sosa

Byron Humberto Vargas Sosa, presunto narcotraficante, el 19 de abril de 2008, invitó a a tres mujeres menores de edad a una discoteca en la ciudad de Chiquimula, las menores de edad estuvieron con Vargas y sus guardaespaldas Esteban Bolvito Pérez y Mario Enrique Cojoc Quej. Horas más tarde fueron encontradas asesinadas en una carretera que lleva a Río Hondo -Zacapa- (CICIG, 2014).

Vargas Sosa es detenido el 15 de Febrero de 2009 por oficiales de la PNC y se le acusó de ser el autor del crimen de las tres menores de edad el 20 de abril de 2008 en Estanzuela -Zacapa-. Fue ligado a proceso por el delito de asesinato (CICIG, 2013).

El 21 de enero de 2015, Vargas fue condenado a 90 años de prisión al encontrarlo culpable del asesinato de las menores María Alejandra Girón Trigueros, Nancy Carolina Hichos Pérez y Silvia María Morales Rodas (CICIG, 2015).

Bolvito Pérez y Cojoc Quej fueron condenados a 75 años de prisión en 2012 (CICIG, 2015).

 Antejuicio jueza Jisela Yadel Reinoso Trujillo

Jisela Yadel Reinoso Trujillo fue sindicada de los delitos de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito e incumplimiento por no presentar su declaración jurada patrimonial. Es investigada ya que cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo e incoherente con sus ingresos. El 24 de septiembre de 2015 fue ligada a proceso y enviada a prisión preventiva, además le fueron suspendidas sus funciones como jueza (CICIG, 2015).

En 2016 se le declaró penalmente responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, se le condenó a 11 años de prisión y una multa a favor del Estado por la suma de Q400,000 (CICIG, 2016).

Caso: diputado Gudy Rivera Estrada

En octubre de 2014 la FECI solicitó antejuicio contra el exdiputado Gudy Rivera Estrada y al abogado del PP Vernón Eduardo González, fueron investigados por la denuncia realizada por la magistrada Claudia Escobar Mejía de recibir presiones, de parte de Rivera, para que la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, le diera un amparo a favor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y a cambio, Escobar Mejía sería reelecta como magistrada en Sala de Apelaciones (CICIG, 2015).

Rivera es ligado a proceso, y luego acusado por los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias. Se les encontró penalmente responsables. Rivera fue condenado a 13 años y 4 meses y una multa a favor del Estado por Q50 mil. Vernón González fue condenado a 5 años de prisión inconmutable por el delito de tráfico de influencias e inhabilitación especial para ejercer un cargo público por 4 años (CICIG, 2016).

Caso: Jueza Marta Josefina Sierra González de Stalling

En abril de 2015, la CICIG y el MP solicitaron que se le retirara la inmunidad a la magistrada Marta Josefina Sierra González de Stalling para iniciar una investigación y aclarar los señalamientos en su contra. Se le vincula al caso denominado Bufete de la Impunidad (CICIG, 2015).

Se presume que Sierra de Stalling pudo haber llegado a acuerdos ilegales con sindicados de la red de defraudación aduanera La Línea y beneficiarlos con medidas sustitutivas. En un inicio, Sierra de Stalling era la contralora del caso La Línea y decidió ligar a proceso, por este caso a 22 sindicados, pero solamente envió a prisión preventiva a 16, mientras que a 6 miembros de la estructura les otorgó medidas sustitutivas y el pago de fianza, sin dar ninguna razón de su resolución, entre los beneficiados por la medida sustitutiva estaban Francisco Javier Ortiz Arriaga –alias Teniente Jerez-, Miguel Ángel Lemus Aldana y Salvador Estuardo González Álvarez -alias Eco- (CICIG, 2015).

Según investigaciones de la CICIG y el MP, en escuchas telefónicas entre Luis Alberto Mendizábal Barrutia y Ortiz Arriaga, Mendizábal le informa que se estaban realizando las gestiones necesarias para lograr que les otorgaran medidas sustitutivas. Luego los familiares de Ortiz Arriaga sacan dinero del banco, y en un formulario de cobro se anotó que los fondos se destinarían para el pago de una fianza, pero en esta fecha era imposible anticipar si le impondrían una fianza a favor de Ortiz Arriaga, salvo que el tema estuviera establecido previamente con la jueza Sierra de Stalling, influenciada por un ofrecimiento económico (CICIG, 2015).

En septiembre de 2015, el hijo de la juzgadora Sierra de Stalling, Roberto Stalling Sierra fue ligado a proceso por el delito de tráfico de influencias, porque establecieron que había mantenido comunicación con miembros del Bufete de la Impunidad durante los operativos y los días posteriores en los que se llevaba a cabo las audiencias de primer declaración. Sierra Gonzáles de Stalling fue ligada a proceso y se le dicto prisión preventiva y arraigo (CICIG, 2015).

 Caso: Bufete de la impunidad

Organización criminal integrada por abogados que trabajan en el sistema de justicia y que ofrecían a sus clientes servicios ilegales, objetivo que lograban por medio de la utilización de influencias y conexiones con funcionarios judiciales, los que se beneficiaban económicamente (CICIG, 2015).

Uno de los beneficiarios de esta estructura era Luis Alberto Mendizábal Barrutia -quien tiene orden internacional de captura-, entre los miembros del Bufete de la Impunidad están José Arturo Rodriguez -alias Chepito-, Ruth Emilza Higueros Alay, Jorge Luis Escobar Gómez, Luis Fernando Zapata Mendoza, además están ligados a proceso por los delitos de cohecho activo Francisco Javier Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana y Salvador Estuardo González Álvarez (CICIG, 2015).

Caso: Magistrado Erick Gustavo Santiago De León

El magistrado Erick Gustavo Santiago de León, cuando trabajaba de magistrado de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Civil, se le sindica de intentar cobrar una millonaria suma de dinero a cambio de una resolución favorable a una empresa que había sido multada a pagar Q93 millones en una causa civil. Santiago de León fue ligado a proceso y sindicado de cohecho pasivo (CICIG, 2015).

Caso: jueza Carol Patricia Flores

En mayo de 2015 la CICIG solicitó antejuicio contra la jueza Carol Patricia Flores Polanco, para quitarle la inmunidad e investigarla por lavado de dinero y otros activos,, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber por no presentar su declaración jurada patrimonial. Se le señaló de poseer un inmueble que sobrepasaba su capacidad adquisitiva. El 30 de Julio de 2015 fue despojada de su inmunidad (CICIG, 2015).

Caso: La Línea

La Línea era una estructura paralela al Estado que se hizo del control de la administración tributaria y produjo ganancias millonarias para todos los integrantes de la organización a varios niveles, incluidos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti (CICIG, 2015).

“La Línea” trabajaba con un esquema complejo de recepción de pago de sobornos procedentes de la defraudación de impuestos al Sistema. La estructura criminal estaba compuesta por particulares con experiencia en el funcionamiento aduanal y de inteligencia, trabajaban en determinadas funciones para que el procedimiento marchara sin complicaciones, además de tener el control de cargos operativos y directivos en la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- (CICIG, 2015).

Los mandos medios dentro del esquema de la organización criminal ubicada en puestos claves, controlaban que interna y externamente nadie modificara el esquema de trabajo. Las cuentas se entregaban a los miembros superiores de la organización, estaba todo cuidadosamente elaborado por medio de cuadros financieros de reparto de ganancias (CICIG, 2015).

Según las investigaciones existía un grupo de importadores que mantenían contacto con la red de tramitadores aduaneros de “La Línea”, para evadir el pago real de impuestos en las aduanas del país. Una de las formas de trabajar de la estructura consistía en suministrar un número telefónico, la ubicación del responsable de cada aduana, las tablas de arenceles y precios de los sobornos para liberar la mercadería, llamados “colaboración” (CICIG, 2015).

En la Fase I de la investigación, se presento ante los tribunales de justicia el caso La Línea el 16 de abril de 2016, se documentó la participación de 24 personas entre particulares y funcionarios públicos los cuales formaban parte de la estructura media de la red (CICIG, 2016).

El 22 de Julio de 2015, se presentó acusación contra los implicados, entre ellos los exjefes de la SAT Carlos Muñoz y Omar Franco, también a los cabecillas externos de la red, Javier Ortiz -alias teniente Jeréz- y Salvador Estuardo González Álvarez (CICIG, 2016).

Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Roxana Baldetti y operador de la red se entrega a la justicia el 5 de octubre de 2015 (CICIG, 2015).

El 21 de agosto de 2015, en la Fase II de la investigación, el MP y la CICIG pudieron verificar que habían evidencias que relacionaban a otras personas con cargos de poder en el Estado en ese entonces, como la vicepresidenta Roxana Baldetti, el presidente Otto Pérez Molina y la intendente de Aduanas Claudia Méndez Asencio (CICIG, 2015).

El 3 y 9 de diciembre de 2016 fueron acusados Baldetti y Pérez Molina y el día 22 la intendente de Aduanas Claudia Méndez Asencio. Juan Carlos Monzón se presentó ante el juez de Mayor Riesgo B, quien luego de escucharlo fue ligado a proceso por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo. Posteriormente, Monzón y Salvador Estuardo González Álvarez, se convirtieron en colaboradores eficaces en la investigación (CICIG, 2016).

Caso: Los usuarios de la Línea

Las investigaciones descubrieron aproximadamente 1,500 Declaraciones Únicas Aduaneras -DUAS- alteradas, con el objetivo de pagar menos impuestos. También que los importadores hacían empresas fraudulentas, usurpando nombres de empresas y de personas reales para utilizar el número de identificación tributaria (CICIG, 2015).

Caso: Red de falsificadores de pasaportes

Investigaciones realizadas dentro de la Dirección General de Migración -DGM-, se identificó a una estructura criminal que operaba a nivel nacional e internacional, la cual permitía ilegalmente la residencia temporal, el ingreso, tránsito y salida del territorio nacional de ciudadanos de diferentes nacionalidades, utilizando pasaportes guatemaltecos emitidos de forma ilícita y en algunos casos, con datos alterados. En enero de 2014 fueron capturadas 21 personas, por su presunta vinculación a esta estructura criminal (CICIG, 2015).

Los detenidos fueron sindicados por los delitos de falsedad ideológica, falsedad material, asociación ilícita, omisión y alteración del estado civil, utilización de datos falsos e ingreso y tránsito ilegal de personas. Entre los detenidos se encontraban trabajadores estatales del Registro Nacional de las Personas –RENAP- y de la Dirección General de Migración -DGM-, tramitadores y beneficiarios de esta estructura criminal (CICIG, 2015).

Arnoldo de Jesús Miranda Fuentes, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la DGM, es el supuesto líder de la estructura criminal. La CICIG actúa como querellante adhesivo en este caso (CICIG, 2014).

En este proceso se han pronunciado 4 sentencias condenatorias por la vía de procedimiento abreviado, contra implicados que han admitido su responsabilidad y su relación a la estructura criminal (CICIG, 2016).

Caso: IGSS Pisa

Contratación irregular de servicios en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. El 20 de mayo de 2015, la CICIG, FECI y PNC, capturaron a los integrantes de la Junta Directiva del IGSS y a los integrantes de la “Junta de Licitación” que fue responsable de la adjudicación de un contrato irregular a la droguería Pisa de Guatemala, S.A. La adjudicación consistía en proporcionar servicios de diálisis peritoneal (CICIG, 2015).

La Junta Directiva del IGSS nombró una junta de licitación incompetente y sin experiencia para adjudicarle la prestación del servicio a la empresa PISA, entidad que no tenía un objeto social relacionado a la prestación de servicios que se requería, tampoco tenía una infraestructura ni recurso humano real y que además subcontrató a otra compañía para que suministrara los servicios requeridos, en este caso el diálisis peritoneal (CICIG, 2015).

El presidente en funciones del IGSS, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, fue imputado de aprobar y apoyar el contrato irregular con la droguería PISA, así como el subgerente administrativo, el jefe de Servicios Contratados, el director del Hospital de Consulta Externa, gerentes y personas particulares. Existía un interés personal por parte de los funcionarios públicos y de la empresa PISA de realizar el contrato, valorado en más de Q116 millones (CICIG, 2015).

En 2016 se desarrolló el debate, se presentaron múltiples amparos, demandas de inconstitucionalidad que fueron resueltas en la Corte de Constitucionalidad. El representante legal de PISA, Carlos Alberto Revolorio Galindo, tiene orden de captura y se encuentra prófugo de la justicia (CICIG, 2016).

 Caso: IGSS-Chiquimula

El diputado Baudilio Hichos López, Francisco Cortéz Bocaletti -jefe del departamento de Servicios Contratados del IGSS- y otras personas más, participaron en un proceso irregular de adjudicación, para remodelar un edificio, para el uso del IGSS en Chiquimula. De esta manera conseguirían beneficios de forma ilícita en los procesos de cotización y compra directa de servicios por parte del IGSS (CICIG, 2015).

Se solicitó antejuicio contra Hichos por los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias (CICIG, 2015).

El exdiputado Baudilio Elinohet Hichos López, tiene una orden de captura en su contra (CICIG, 2016).

Caso: Diputado Muadi/Plazas fantasmas

Pedro Muadi Menéndez, siendo presidente del Congreso de la República 2013-2014, solicitó y autorizó la contratación de 30 personas con sueldos de Q7,000 a Q25,000. Cada una de estas personas firmó un contrato con el Congreso, pero no cumplió con sus obligaciones en el mismo, sino que su sueldo lo entregaban a Claudia María Bolaños Morales y a cambio de prestarse a realizar la estafa al Congreso recibían una prestación en efectivo o en cheque (CICIG, 2015).

Bolaños Morales, era secretaria de la empresa Productos, Servicios y Equipos S.A. -PSE- y Muadi gerente general y socio fundador. Esta empresa era la que recibía los depósitos de los salarios recibidos de las personas contratadas por el Congreso, además, durante el 2013, PSE recibió Q3.5 millones de la secretaria privada de la Presidencia del Organismo Legislativo, Ximena Toriello Martínez del Rosal (CICIG, 2015).

En junio de 2015 la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI- y la CICIG solicitaron antejuicio contra Muadi (CICIG, 2015).

El 4 de noviembre de 2016, le fue retirada la inmunidad a Muadi y fue ligado a proceso por los delitos de asociación ilícita, peculado por sustracción y lavado de dinero u otros activos.

Claudia Bolaños fue sentenciada a 17 años de prisión y una multa de Q3 millones a favor del Estado. José Blanco, guardaespaldas del exdiputado fue sentenciado a 11 años de prisión y una multa a favor del Estado de Q10 mil (CICIG, 2016).

Caso: Diputados Chávez, Arreaga y Yanes/Tráfico de influencias en el Ministerio de Desarrollo Social

En Julio de 2015 la CICIG y la FECI solicitaron el antejuicio en contra de los diputados Luis Adolfo Chávez Pérez, Mirza Judith Arreaga Meza y Mario Yanes Guerra, por ejercer presión al ministro de Desarrollo Social para conseguir plazas en ese ministerio y contratos para su beneficio personal (CICIG, 2015).

Como consecuencia del antejuicio solicitado por el MP y la CICIG en enero de 2016, el Tribunal Supremo Electoral -TSE- no le dio posesión al cargo a los diputados, quedando sin inmunidad y bajo la justicia ordinaria (CICIG, 2016).

Caso: Redes

Este caso se relaciona con tráfico de influencias el cual involucra a funcionarios públicos, a un juez y a particulares. Por medio del señor César Augusto Medina Farfán, operador externo de la SAT, se realizaban los negocios aparentemente lícitos. Medina actuó en tres casos:

Caso Z Gas: aparentemente Medina Farfán negoció con funcionarios de la empresa Z Gas Centroamericana S.A. en lo relacionado con la creación de un depósito aduanero privado cerca del Puerto Quetzal (CICIG, 2015).

Caso juez Patán: el juez José Luis Patán Piché desestimó un proceso penal de estafa propia, abuso de autoridad, peculado, concusión y fraude en contra del ex superintendente de la SAT, Carlos Muñoz Roldán, a cambio de dos plazas en la SAT, Medina Farfán actuó como mediador. La solicitud de antejuicio en contra del juez Patán Piché fue solicitada por la FECI, en Julio de 2015, por el delito de cohecho pasivo (CICIG, 2015).

Caso Jaguar Energy: el ex secretario privado de la presidencia, Gustavo Adolfo Martínez Luna, arreglaba la agenda del expresidente Otto Perez Molina, con reuniones urgentes con empresas como Jaguar Energy, a cambio de un soborno. En este caso también actuaba como mediador Medina Farfán (CICIG, 2015).

En noviembre de 2015, se presentó el acto conclusivo en contra de: Medina Farfán por los delitos de Asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho activo, falsedad ideológica y lavado de dinero y otros activos, a Martínez Luna por los delitos de Asociación ilícita y tráfico de influencias. Fidadelfo Reyes -exintendente de Aduanas-, fue ligado a proceso por los delitos de Asociación Ilícita, tráfico de influencias y falsedad ideológica, Edwin Rodas –exviceminsitro de Energías y Minas por el delito de tráfico de influencias, Karen Paola Cancinos por el delito de lavado de dinero u otros activos (CICIG, 2016).

En mayo de 2016 fueron ligados a proceso Carlos Muñoz Roldan -exjefe de la SAT-, por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho pasivo y cohecho activo, y al juez Patán Piché por cohecho pasivo, en agosto fueron acusados formalmente. En octubre de 2016 se ligó a proceso a Carlos Pinzón, -exdirector de Recursos Humanos de la SAT- por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho pasivo y cohecho activo (CICIG, 2016).

Caso: Alcalde de Antigua

Adolfo Vivar Marroquín, exalcalde de la Municipalidad de Antigua GuatemalaSacatepéquez-, miembros del Consejo Municipal y funcionarios de la Comuna, conformaron una organización criminal dentro de la Municipalidad, utilizando diferentes maneras para defraudar y beneficiarse del patrimonio de este municipio -casi Q23 millones entre 2008 y 2012-. Esta estructura criminal también la integraban personas que trabajaban en el Banco de Desarrollo Rural, quienes permitieron que los recursos de la Municipalidad fueran defraudados (CICIG, 2016).

En 2012 Vivar Marroquín es ligado a proceso, así como al resto de la estructura criminal por los delitos de asociación ilícita, concusión, fraude, peculado, cohecho pasivo y cohecho activo. La CICIG actúa como querellante adhesivo. En octubre de 2013 se dieron sentencias condenatorias a través de la aplicación de procedimientos abreviados a 5 personas que prestaron sus empresas para que fueran utilizadas por Vivar y sus familiares para el acto de defraudación (CICIG, 2014).

La organización liderada por Vivar Marroquín manipulaba los procesos de licitación de obra pública para que los contratos y servicios fueran otorgados a las empresas cuyos propietarios tenían un vínculo con él, el objetivo era beneficiarse economicamente de forma ilícita por medio de la malversación del patrimonio municipal. En octubre de 2016 el Juzgado de Extinción de Dominio extinguió 6 fincas y Q201,739.47 a Vivar Marroquín (CICIG, 2016).                                                                               

Caso: Lavado y política/ antejuicios de los diputados Barquín y Lohayza. Antejuicio del candidato a la Vicepresidencia de la República. Antejuicio del alcalde de Jutiapa. Caso lavado de dinero y Política

Las pesquisas relacionadas a este caso, evidencian la existencia de una organización criminal con autoridad en el departamento de Jutiapa 2009-2014, el cual se dedicaba al lavado de dinero. Los exdiputados Jaime Antonio Martínez Lohaysa y Manuel de Jesús Barquín Durán junto a Edgar Baltazar Barquín Durán -presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria en esa época- colaboraban con una red de lavado de dinero que dirigía Francisco Morales Guerra -alias Chico Dolar-. Su colaboración consistía en hacer que Morales Guerra permaneciera íntegro en investigaciones fiscalizadoras y cubrir sus actividades ilícitas a cambio de aportes económicos para financiar su carrera política (CICIG, 2015)

Morales Guerra introducía grandes cantidades de dinero al sistema financiero que luego era transferido a cuentas bancarias a distintos países, aproximadamente fueron Q255 millones pero que podrían llegar a Q937 millones (CICIG, 2015).

El excandidato a la Vicepresidencia, Edgar Barquín, se quedó sin derecho de antejuicio y se sujetó al procedimiento abreviado, fue condenado por el delito de tráfico de influencias. Martínez Lohayza y Barquín Durán fueron desaforados. José Isabel Maldonado –agente fiscal del MP-, Morales Guerra y 10 detenidos más fueron acusados a juicio (CICIG, 2016).

 Antejuicio: alcalde de Jutiapa

Solicitud de antejuicio, el 1 de septiembre de 2015 contra Basilio Cordero Cardona, alcalde de la Municipalidad de Jutiapa, se le acusa de desviación de fondos de la Alcaldía, aparentando compras falsas (CICIG, 2015).

 Caso: Lavado de activos/antejuicio alcalde de Puerto de San José

Solicitud de antejuicio, el 30 de julio de 2015 contra Jorge Alberto Rizzo Morán, alcalde de la Municipalidad del Puerto de San José. Se le vincula con la red de narcotráfico que es liderada por el mexicano Ramón Antonio Yáñez Ochoa y el caso Kerkaporta (CICIG, 2015).

En mayo de 2016 fu declarado con lugar el antejuicio contra Rizzo Morán por su presunta vinculación con una red de narcotráfico dentro del caso: Drogas, dinero y poder local (CICIG, 2016).

Antejuicio: Mario Israel Rivera Cabrera

Antejuicio solicitado en Julio de 2015 por la CICIG y la FECI al entonces diputado Mario Rivera Cabrera, se le acusa de tener casas, varios vehículos y una cuenta bancaria que sobrepasa su poder adquisitivo (CICIG, 2015).

En consecuencia a la solicitud de antejuicio, el Tribunal Supremo Electoral resolvió no dar posesión al cargo de diputado al candidato Rivera Cabrera (CICIG, 2016)

Caso: Estructura Criminal de Haroldo Mendoza Matta

Estructura criminal dirigida por Haroldo Mendoza Matta, trabajaban como un ejército privado, de forma impune, cometían homicidios, desaparición de personas, despojos de tierras, quema de cosechas, robo y matanza de ganado, en los departamentos de Izabal y Petén. Además mantenían un control supervisado de las personas que entraban y salían de la zona bajo su control (CICIG, 2015).

En noviembre de 2014 se capturó a los integrantes de esta organización criminal y fueron ligados a proceso por los delitos de asociación ilícita, asesinato, allanamiento con agravación específica, robo agravado, conspiración para el robo agravado y secuestro (CICIG, 2015).

Como resultado de las investigaciones realizadas, se asocia esta estructura a la masacre de 7 personas en la aldea Navajoa -Izabal-, en el caso conocido como la matanza de Los Pavos, hecho sucedido el 14 de noviembre de 2014 (CICIG, 2016).

Caso: periodistas Mazatenango

El 10 de marzo de 2015 en MazatenangoSuchitepéquez-, fueron vítimas de un ataque y asesinados los periodistas Danilo Efraín Zapón López -corresponsal de Prensa Libre- y Federico Benjamín Salazar Gerónimo -Radio Nuevo Mundo-, el periodista Marvin Israel Túnchez Ayala resultó herido (CICIG, 2015).

Por este caso fueron vinculados al caso y detenidos en marzo y junio de 2015 dos agentes de la PNC y dos particulares. Según las investigaciones se determinó que los sindicados integraban una estructura criminal dedicada al sicariato, limpieza social, robo de vehículos y tráfico de armas que operaba en los departamentos de Retalhuleu y Suchitepéquez (CICIG, 2015).

Caso: fiscal del MP José Isabel Maldonado Castillo

José Isabel Maldonado Castillo exagente fiscal de la Fiscalía de Sección contra el lavado de Dinero del Ministerio Público, supuestamente desestimó una denuncia presentada por la IVE en contra de Francisco Edgar Morales Guerra -alias Chico Dolar- en el año 2011. Maldonado Castillo fue detenido y ligado a proceso en 2015 por el delito de obstrucción de justicia (CICIG, 2015). 

Caso: Desaparición forzada y/o posible asesinato de agentes DEIC

Cuatro agentes de la División Especializada de Investigación Criminal -DEIC- de la PNC de Quetzaltenango, desaparecieron el 1 de marzo de 2012. Según las investigaciones realizadas por la FECI, estos agentes entraron a la casa del supuesto narcotraficante Danubio Matamoros Castillo, con la intención de robarle dinero (CICIG, 2015).

En marzo de 2015, son acusados por la desaparición forzada de los cuatro agentes del DEIC los expolicías César Augusto Castillo Recinos y Overne Filomeno Alfaro Martínez. El subdirector de la DEIC de Quetzaltenango, Israel Miranda Ramirez fue condenado a 50 años de prisión por este caso (CICIG, 2015).

En marzo de 2016 fueron condenados los expolicías por la desaparición de los agentes del DEIC (CICIG, 2016).

Caso: Cooptación del Estado

El caso conocido como Cooptación del Estado, se trata de una red criminal paralela al Estado, iniciaron sus hechos delictivos antes del 2011, se conoció de esta estructura criminal como resultado de las investigaciones del caso “La Línea”, la organización estaba compuesta por los cabecillas de La Línea, testaferros, empresas de cartón, empresarios y banqueros entre otros, su propósito fue desfalcar al Estado. El dinero robado, a través de empresas de papel, fue destinado para pagar gastos y publicidad de la campaña política que llevó al Partido Patriota al poder en el año 2012 (CICIG, 2016).

Después de las elecciones de 2011, estas empresas falsas continuaron recibiendo dinero de contratistas del Estado. Con las investigaciones, en 2015, se recuperaron reportes contables y administrativos. También se rescataron contratos realizados por la estructura criminal, que permitan pagar comisiones lo que llevó a conocer las entidades cooptadas: Empresas Portuarias Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal, Ministerio de Agrícultura y Ganadería, Ministerio de Cultura y Deportes, Registro Nacional de las Personas, Fondo Nacional de Desarrollo, Registro de Información Catastral y la Dirección General de Aeronáutica Civil, entre otras (CICIG, 2016).

El destino final del dinero obtenido por esta organización fue la adquisición de activos fijos, pagos de gastos a favor del expresidente y la exvicepresidenta de la República y beneficios para su secretario privado. Según las investigaciones realizadas, se fueron adheriendo a la red empresas con actividad mercantil real, lo que sirvió para hacer una mezcla de dinero ilícito con lícito con la finalidad de dificultar ser descubiertos (CICIG, 2016).

 Caso: Terminal de Contenedores Quetzal

El caso Terminal de Contenedores Quetzal se vio fortalecido por elementos de prueba obtenidos en el caso “La Línea”. Consiste en el pago de una comisión por la legalización de un contrato, que llegó a alcanzar la cantidad de US$30 millones. El dinero fue distribuido entre gestores privados y funcionarios públicos quienes participaron en la aprobación del contrato. Las ganancias ilícitas fueron invertidas en embarcaciones y casas de lujo, así como en fincas, tratamientos de belleza personal, autos, motocicletas, bienes y servicios, luego de haber pasado por sistemas de blanqueo y transportación transnacional (CICIG, 2016).

Caso La Cooperacha

El caso La Cooperacha se deriva de las investigaciones y evidencias del caso “La Línea”. La Cooperacha es una modalidad corrupta que consistía en que los exministros de Defensa Nacional, Comunicaciones, Energía, Gobernación y el exdirector del IGSS entregaban dinero de origen presumiblemente ilícito al secretario privado de la exvicepresidenta, Juan Carlos Monzón, quien luego de recaudar el dinero se utilizaba para la compra de lujosos bienes y ser obsequiados al binomio presidencial (CICIG, 2016).

Caso: Crédito Fiscal

Este caso, derivado de las investigaciones obtenidas del caso “La Línea”, era una estructura criminal que estaba integrada por particulares con influencia sobre directivos y jefes ubicados en posiciones estratégicas de la SAT. Estos individuos prestaban sus servicios para gestionar la devolución del crédito fiscal a empresarios o para apresurar y obtener resoluciones en su favor en los procesos iniciados en su contra, por medio de pagos de comisiones ilegales que se distribuían entre ellos y los servidores públicos involucrados (CICIG, 2016).

Caso: Lago de Amatitlán

El caso AMSA, o Lago de Amatitlán fue un sistema de corrupción, liderado por Roxanna Baldetti -expresidenta de la República-, a través de funcionarios públicos de su confianza y de su hermano, actuando como operador externo, tomaron el control de AMSA. Los recursos de AMSA fueron invertidos en un contrato para descontaminar el lago de Amatitlán, por medio de verter un liquido de dudosa efectividad. El sistema de comisiones para obtener beneficios se hizo evidente (CICIG, 2016).

Caso: Negociantes de la salud

El 27 de octubre la CICIG y la FECI desarticularon esta organización criminal, constituida por funcionarios, empleados del IGSS y particulares cuyo objetivo era favorecer a determinados proveedores de medicinas a cambio de comisiones (CICIG, 2015).

En el procedimiento de fraude, actuaban los operadores, los proveedores, los funcionarios periféricos y los funcionarios centrales (CICIG, 2015).

Los operadores, eran los contactos del proveedor para ingresar al proceso de contratación, planeaban la forma de ofertar, aparentando una legalidad y conseguían la adjudicación al proveedor, todo el proceso a cambio de una comisión. Los proveedores eran las empresas o sociedades que proveen medicamentos, productos o servicios a la Institución. Los funcionarios periféricos son técnicos o profesionales del IGSS que trabajan en las unidades de atención a pacientes e influyen en el listado básico de medicamentos. Los funcionarios centrales son técnicos y profesionales del IGSS que trabajan en unidades administrativas y que influyen en la generación, desarrollo, supervisión y deciden los procesos de compras (CICIG, 2015).

Se establecieron nuevas modalidades de corrupción y se amplió la red de involucrados, se realizaron arrendamientos ilícitos, compraron 50 ambulancias con sobreprecio con irregularidades en el trámite contractual, la adquisición ilícita de una solución Integral de Sistemas Informáticos SAP, con irregularidades en el proceso de adjudicación e incompatible con el sistema de registro administrativo anteriormente establecido. Fueron capturados el 23 de noviembre de 2014 los proveedores de los bienes y servicios y el subgerente de integridad y transparencia del IGSS (CICIG, 2016).

Caso: Registro General de la Propiedad

La titular del Registro de la Propiedad, Anabella De León Ruiz, durante su gestión 2012-2015 contrató diversos servicios técnicos y profesionales de 16 personas bajo el renglón 029, de las cuales ninguna realizo las labores requeridas en el contrato. Al mismo tiempo dos de estas personas también laboraban en el Congreso de la República y otras dos en el Ministerio de Educación bajo el renglón 011, una persona trabajaba en el Ministerio de Cultura y Deportes y otra en la Dirección General de Migración, así como en el Fondo Nacional para la Paz. Estas personas tenían las instrucciones de reportarse con De León Ruiz o con la jefa de Recursos Humanos y no con sus jefes inmediatos. Este fraude fue cometido contra Finanzas Públicas aproximadamente por Q3 millones (CICIG, 2016).

En diciembre de 2015 las autoridades del Registro General de la Propiedad programaron para el personal un desayuno que nunca llegó a realizarse, pero que si fue pagado a las empresas Fulanos y Menganos por Q90 mil y El Rincón del Chef por más de Q50 mil (CICIG, 2016).

Caso Plazas Fantasmas en el Congreso de la República

Como consecuencia de las investigaciones realizadas en el caso del diputado Pedro Muadi en el 2013, se encontraron discrepancias en la contratación de personal en el Organismo Legislativo entre 2014 y 2015, lo que facilitaba la sustracción de fondos públicos. Este modo de operar ilícito se le atribuye a a los expresidentes del Congreso de la República Luis Armando Rabbé Tejada -2015- y a Arístides Baldomero Crespo Villegas -2014-, asi como a varios diputados integrantes de las Juntas Directivas de ese entonces y al director general del Organismo Legislativo (CICIG, 2018).

Contrataban personal innecesario, que no reunía los requisitos para ocupar los puestos y a servidores públicos del Congreso que no acudían a trabajar, a pesar de recibir su salario. Fueron ligados a proceso 18 titulares de las denominadas plazas fantasmas por el delito de peculado por sustracción. Se presentaron 10 antejuicios contra diputados. Se le retiró la inmunidad a Luis Armando Rabbé Tejada. Fueron ligados a proceso por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción los exdiputados Alfredo Augusto Rabbé Tejada, Carlos Humberto Herrera Quezada, Edgar Romero Cristiani Calderón y el exdirector general José Luis Mijangos Contreras (CICIG, 2016).

También presentaron antejuicio contra el exdiputado Christian Jacques Boussinot Nuila por extorsión (CICIG, 2016).

Caso: Banco de los Trabajadores -BANTRAB-

En 2010, el gerente general y representante legal del Banco de los Trabajadores, Ronald Giovanni García Navarijo, pagó a la abogada Karen Yesenia Flores Paz más de Q5 millones por concepto de prestaciones que no se le debían. El dinero circuló en el sistema bancario a través de las empresas Trheesome S.A., Administradora Silverado S.A. y Desarrollos 2812 S.A. y con éste fueron compradas al BANTRAB y por un precio subvalorado 10 unidades inmobiliarias. Las empresas eran de cartón y eran controladas por amistades y familiares de Sergio Aníbal Hernández Lemus -presidente de la Junta Directiva- y Eduardo José Liu Yon –miembro suplente reemplazante de la Junta Directiva- (CICIG, 2016).

Hernández Lemus, Liu Yon, Arita España y Flores Paz fueron ligados a proceso por los delitos de asociación ilícita, peculado y lavado de activos. Los representantes legales de las empresas de cartón fueron ligados a proceso por asociación ilícita y lavado de activos (CICIG, 2016).

Caso: Walter Mendoza Matta –Despojo de tierras-

Se relaciona a una estructura criminal ubicada en el departamento de Petén, que se dedicaba a ejercer la violencia en contra de campesinos a quienes el Fondo de Tierras les había dado fincas, amenazándolos para vender sus tierras a menor precio. Cuando eran arrebatadas las fincas, la estructura criminal las vendía en miles de dólares incorporando las ganancias ilícitas obtenidas al sistema financiero (CICIG, 2016).

El líder de la estructura era Walter Mendoza Matta, además de miembros de su familia, notarios y funcionarios de Fondo de Tierras que permitieron la liberación de las propiedades para que fueran despojadas. En abril de 2016 fueron ligados a proceso miembros de esta red criminal por los delitos de usurpación gravada, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos (CICIG, 2016).

Caso: Construcción y Corrupción

Esta investigación hizo del conocimiento público la existencia de una estructura criminal dentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ocurrido entre 2012 y 2015. Esta organización criminal interfirió las relaciones contractuales del Estado con el sector dedicado a la infraestructura nacional, realizaban una práctica sistemática de cobro de comisiones ilícitas, entre el 5% y el 15% de los valores del contrato realizado con el Estado. Estas comisiones ilícitas eran pagadas a empresas de cartón a través del sistema bancario nacional en beneficio de la estructura criminal, en especial el exministro de esa entidad Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio (CICIG, 2017).

Las empresas de cartón lavaban el capital y destinaban las ganancias en la adquisición de bienes inmuebles, la constitución de empresas con actividades lucrativas ilícitas o la transferencias de capital hacia otros países. Estas empresas de papel también sirvieron para obtener fondos destinados a la campaña electoral del Partido Patriota, los cuales no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral. La misma situación se repitió en las elecciones de 2011 y 2015 (CICIG, 2017).

Caso: fraude a Chicamán

En 2017 se judicializó una red criminal de corrupción y lavado de activos que operaba en ChicamánQuiché-. En el sistema de la estructura era la participaban autoridades locales, sus familiares o allegados, eran ubicarlos en puestos claves de la administración local, aprobando contratos fraudulentos a favor de empresas creadas y controladas por la misma estructura. Defraudaron las finanzas de la municipalidad por medio de la realización de proyectos de orden público que nunca fueron terminados, estos proyectos fueron adjudicados a empresas controladas por los familiares de la exdiputada de Partido Patriota, Emileny Mazariegos, quien terminaría siendo la destinataria final de los recursos, como también el alcalde y algunos funcionarios municipales (CICIG, 2017).

Caso Alcaldía de Chinautla: un negocio de familia

En diciembre de 2015 el exalcalde del Municipio de Chinautla -Guatemala- Edgar Arnoldo Medrano Menéndez, perdió el privilegio de antejuicio, se le imputaron los delitos de asociación ilícita, concusión, fraude y lavado de dinero (CICIG, 2016).

Medrano había estructurado una red de empresas y sociedades y ONGS -creadas principalmente por familiares y amistades de la familia Medrano-, con el objetivo de contratar y prestar servicios para la Municipalidad de Chinautla, las cuales fueron favorecidas con millones de quetzales procedentes de fondos públicos, que posteriormente fueron utilizados para abrir cuentas de depósito a plazo fijo siendo los beneficiarios los familiares de Medrano Menéndez (CICIG, 2016).

Caso: Patrullas

Estructura criminal que actuó en la Policía Nacional Civil -PNC-, se dedicaba a desviar fondos del Estado simulando que se invertía en la compra de bienes, prestación de servicios y contratación de obras. Por este caso el 23 de junio de 2015 fue capturado el exsubdirector de la Dirección General de Apoyo y Logística de la PNC, Héctor Florentino Rodriguez Heredia, exjefes, exasesores y particulares (CICIG, 2015).

También estaban involucrados el exministro de Gobernación Héctor Mauricio López Bonilla y los representantes legales de las empresas contratistas (CICIG, 2017).

La forma de proceder de esta estructura era aparentar la contratación de servicios de reparación mecánica de las autopatrullas, las cuales nunca se llevaron a cabo, también simulaban la reparación y remodelación de subestaciones de policía que en realidad era realizada por los mismos agentes de la PNC y nunca por un contratista. Además cotizaron repuestos para patrullas por más de Q12 millones que fueron adjudicados de forma fraudulenta (CICIG, 2017).

Caso: Magistrado Giovany Orellana Donis

En enero de 2017, el MP y la CICIG solicitaron la suspensión de antejuicio del magistrado Giovany Orellana Donis, fue señalado de recibir por parte del abogado Sergio Roberto López Villatoro un inmueble en la capital, a cambio de favorecer los intereses de López Villatoro en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de comisiones de postulación de 2014 (CICIG, 2017).

Caso: Magistrada Blanca Aída Stalling Dávila

En enero de 2017, el MP y la CICIG solicitaron la suspensión de antejuicio de la magistrada Blanca Aída Stalling Dávila, se le señala de tratar de influir en las decisiones del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, el cual estaba designado para realizar el juicio en contra de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, sindicado en el caso IGSS-PISA (CICIG, 2017).

El Congreso le retiró la inmunidad a la magistrada Stalling para ser investigada por tráfico de influencias (CICIG, 2017).

Caso: Gustavo Adolfo Mendizábal

Gustavo Adolfo Mendizabal, siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia 2009-2014, intentó influir en los magistrados para otorgar un amparo provisional que anulaba la cancelación de la inscripción de Ingrid Roxana Baldetti Elías como secretaria general del Partido Patriota (CICIG, 2017). 

Caso: Corrupción Sistema Penitenciario

Investigaciones realizadas en el Sistema Penitenciario -SP- se desveló la existencia de una organización criminal infiltrada en el Sistema que mantenía el control y tenía influencias con propósitos ilícitos. El reo Byron Lima Oliva era la persona central de la estructura criminal, además del Director General del Sistema Penitenciario Edgar Camargo Liere. Lima mantenía el poder de realizar traslados de prisioneros de un centro penitenciario a otro, cuando éstos se lo solicitaban y de obtener privilegios y favores a cambio de considerable sumas de dinero. También controlaba la conducta de los reos e influía en ellos, actuando como la autoridad principal. Su control e influencia se ampliaba hacia afuera del centro penitenciario ya que mantenía contactos y recibía visitas de personajes públicos (CICIG, 2014).

La investigación realizada demostró que tanto Lima como los otros miembros de la estructura criminal no pudieron demostrar que sus perfiles económicos no correspondían a los ingresos que ilícitamente recibían. En septiembre de 2014, se desarticuló esta estructura criminal, el MP y la CICIG realizaron 15 allanamientos en la ciudad de Guatemala, Escuintla y Mixco, fueron asociados a la investigación 7 personas, entre ellos al propio Lima y a Camargo –ligado a proceso por cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos y asociación por su participación en el traslado de reclusos- (CICIG, 2015).

El juez de Mayor Riesgo B, el 24 de septiembre de 2014 ligó a proceso a 12 personas. La CICIG se constituye como querellante adhesivo. Los medios de prueba incluyen escuchas telefónicas, análisis financieros, documentos de registros de propiedades e informes de análisis criminal (CICIG, 2015).

Caso: Granja Penal Pavón, asesinatos por poder, control y negocios.

En noviembre de 2015, Marvín Montiel Marín -alias el taquero- y Byron Lima Oliva, quienes estaban enfrentados por luchas de poder en el sistema penitenciario, fueron trasladados de la cárcel de Matamoros a la Granja Penal Pavón (CICIG, 2015).

Como consecuencia de sus diferencias por mantener el poder, el 18 de Julio de 2016, fue realizado un ataque armado en el interior de Pavón. Entre las personas asesinadas estaban Byron Lima Oliva. Según las investigaciones, de parte de las autoridades del Sistema Penitenciario de ese entonces, se obviaron los informes en los que se recomendaba separar a ambos reos, enviándolos a diferentes centros de detención, por su seguridad (CICIG, 2015).

Informe: Financiamiento electoral ilícito de la campaña política de 2015

En agosto de 2017, la CICIG y el MP dieron detalles de investigaciones realizadas en relación al financiamiento ilícito de determinados partidos políticos, las cuales revelaron anomalías en el origen de los fondos que utilizaron en sus campañas políticas de 2015. Entre los partidos investigados están el partido Unidad Nacional de la Esperanza -UNE-, Libertad Democrática Renovada -LIDER- y el Partido Oficial Frente Democrático de Convergencia Nacional FCN-NACION (CICIG, 2017).

Fueron presentados solicitud de antejuicio contra los diputados Roberto Villate Villatoro -LIDER-, Orlando Joaquín Blanco Lapola -UNE- y contra el presidente de la República, Jimmy Morales FCN-NACIÓN, por ser los secretarios generales de sus respectivos partidos políticos, durante el proceso electoral de 2015 (CICIG, 2017).

Las investigaciones descubrieron que los partidos políticos sobrepasaban el límite de gastos de la campaña establecida por el Tribunal Supremo Electoral -TSE-. El partido LIDER no reportó el dinero que recibía, siendo un financiamiento electoral anónimo. La UNE incumplió con reportar al TSE los aportes financieros, utilizaban prácticas de ocultamiento del verdadero origen del dinero como la modalidad de donación. El partido FCN-NACIÓN no entregó la contabilidad de las transacciones financieras relacionadas con el origen, manejo y aplicación de los recursos recaudados, impidiendo la fiscalización financiera de la campaña electoral del partido (CICIG, 2017).

Referencias bibliográficas

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