La Defensoría del Debido Proceso y del Recluso es una de las Defensorías con las que cuenta la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. Fue creada en marzo de 1998, como respuesta a las constantes violaciones de los derechos fundamentales y la marginación que sufren las personas privadas de libertad, y a la vez promoviendo los Derechos Humanos de estos grupos en riesgo o de personas sujetas a un proceso penal (Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 2008).
Esta Defensoría, que inició labores el 16 de marzo de 1998, busca proporcionar herramientas a los reclusos en la defensa de sus Derechos Humanos, además de promover acciones que generen mecanismos de prevención, atención y erradicación de actos violentos hacia grupos vulnerables. Pretende, a la vez, darle a conocer a los operadores de justicia y penitenciarios las leyes y normas que enmarcan el debido proceso al tratamiento penitenciario («Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala», 2010).
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Labores
La misma institución identifica las labores de la Defensoría: Promoción, Protección, Control Administrativo, Incidencia Política y Asistencia Jurídica («Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala», 2010).
La Promoción se lleva a cabo mediante la publicación de las actividades que realiza y promueve la Defensoría, en base a trifoliares o documentos que certifiquen la lucha por el respeto a los Derechos Humanos de los Reclusos («Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala», 2010).
La Protección se da a través de las verificaciones constantes que la Defensoría lleve a cabo en los centros penales de la República de Guatemala, de ambos sexos, tanto preventivos como de cumplimiento de condena, observación y verificación de disturbios penitenciarios («Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala», 2010).
El Control Administrativo (fiscalización de la administración pública) se ejerce en tribunales penales, civiles, laborales, de menores, familia, de Ejecución Penal, Salas de Apelaciones, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, Sistema Penitenciario y Policía Nacional Civil («Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala», 2010).
La Incidencia Política fiscaliza, denuncia y propone soluciones sobre la problemática de las entidades que constituyen la Administración Pública -Sistema Penitenciario y otras instancias de índole judicial- («Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala», 2010).
Por último, la Asistencia Jurídica habla acerca del apoyo de la Defensoría del Debido Proceso y del Recluso brindándoles a su solicitud toda clase de dictámenes, asesorías, opiniones expertas y orientaciones. Este servicio no es único para los reclusos, pues se hace extensivo a toda clase de personas que se presenten a la institución en demanda de la misma («Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala», 2010).
Referencias bibliográficas
- Procuraduría de los Derechos Humanos: Defensoría del Debido Proceso y del Recluso. (2010). Recuperado el 23 de septiembre de 2010 en http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid=33
- Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. (2008). Informe Anual Circunstanciado: Tomo II – Memoria de Labores.
