José Efraín Ríos Montt, ex militar guatemalteco, presidente del país de 1982 a 1983 (Fotografía: Recuperada el 29 de enero de 2013, de elPeriódico. Material publicado por elPeriódico, bajo la licencia 2.0 Genérica).
José Efraín Ríos Montt (Huehuetenango, Guatemala 16 de junio de 1926 – Guatemala, 1 de abril de 2018) fue un militar del Ejército de Guatemala y presidente de facto de Guatemala del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983. También fue diputado en cuatro períodos distintos y presidente del Congreso de Guatemala. Se le acusó de ser un genocida pues durante su mandato, según la Organización de Naciones Unidas, desaparecieron del mapa 448 aldeas en su mayoría pobladas de indígenas mayas y, de acuerdo a organizaciones de derechos humanos, alrededor de 10 000 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en el mismo período (Ortiz, 2012).
El 28 de enero de 2013, Ríos Montt fue declarado sujeto de enjuiciamiento por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad en Guatemala (Elías, 2013). El 10 de mayo de 2013 un tribunal guatemalteco lo condenó 80 años de prisión, luego de haberlo declarado culpable de genocidio (Declaran culpable a Ríos Montt de genocidio, 2013). El 20 de mayo, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló la sentencia contra Ríos Montt, anuló además todo lo actuado y ordenó a que se retrotraiga el juicio hasta el 2011 (Ortiz, 2018).
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Vida personal
Ríos Montt nació en el departamento de Huehuetenango el 16 de junio de 1926. Ingresó al Ejército como policía militar cuando tenía 17 años y en 1946 fue admitido en la Escuela Politécnica (Estrada, 2018).
Posteriormente siguió cursos de especialización en Fort Gulick, en la Zona del Canal de Panamá bajo soberanía de Estados Unidos, centro de instrucción habitual de la oficialidad centroamericana. En 1973, ya con el grado de general, abandonó su puesto de enlace en la legación guatemalteca en Washington para preparar su candidatura a las elecciones presidenciales del 3 de marzo de 1974, de las que habría de salir el sucesor del general Carlos Manuel Arana Osorio.
El militar se casó con María Teresa Sosa Ávila y tuvo tres hijos: Adolfo Homero -médico militar, quien falleció en 1984 cuando realizaba tareas de rescate y el helicóptero en el que viajaba se desplomó por desperfectos mecánicos- Enrique Ríos Sosa y Zury Mayté Ríos Sosa (Un hijo de Ríos Montt muere al…, 1984)
Ríos Montt fue director de la Escuela Politécnica, Jefe del Estado Mayor del Ejército -1973- y precisamente durante su paso en el Estado Mayor estuvo al frente de un desalojo por un diferendo y conflicto de tierras, en el caserío Sansirisay, -Palo Verde, Jalapa-, en el que murieron 13 campesinos (Estrada, 2018).
Vida política
La vida política del militar arrancó con las Elecciones de 1973. Postulado por la Democracia Cristiana Guatemalteca -DCG-, el Frente Unido de la Revolución -FUR- y el Partido Revolucionario Auténtico -PRA-, coaligados como Frente Nacional de Oposición -FNO, centroizquierdista, o incluso izquierdista, para los parámetros guatemaltecos-, fue derrotado por el general Kjell Eugenio Laugerud García, candidato del régimen cívico-militar vigente desde 1970 y dominado por dos fuerzas de extrema derecha, el Movimiento de Liberación Nacional -MLN- y el Partido Institucional Democrático -PID- (Ortiz, 2012).
Según los resultados oficiales, Ríos Montt quedó en segundo lugar con 228 000 votos, 70 000 menos que Laugerud, aunque todo indicó que habría ganado de no haber operado un supuesto fraude. Su denuncia de la mascarada electoral y su proclamación como presidente electo no surtieron el menor efecto en el país. Cualquier atisbo de resistencia indígena o de subversión izquierdista y con la incuria general, contaba aún, si bien con serios reparos, con el apoyo de Estados Unidos (Ortiz, 2012).
Ríos Montt fue enviado a continuación como agregado militar a la embajada de Guatemala en España -Madrid-, donde sirvió hasta 1977 (Ortiz, 2012).
En 1978, víctima de un alcoholismo con ribetes dramáticos, abandonó la fe católica para abrazar, con el entusiasmo de los conversos, la Iglesia del Verbo, implantación local de la Gospel Outreach, una iglesia evangélica-pentecostal con sede en Eureka, California (Elías, 2013). Obsesionado con el milenarismo que predicaban los misioneros del Verbo -arribados tras el terremoto que devastó el país en 1976-, el militar se entregó a las tareas pastorales y divulgativas (Ortiz, 2012).
Se asegura que el 23 de marzo de 1982 se encontraba explicando pasajes de la Biblia a unos prosélitos cuando un grupo de soldados irrumpió en el templo donde impartía sus lecciones para anunciarle que el presidente militar desde 1978, general Fernando Romeo Lucas García, acababa de ser derrocado y que los cabecillas del golpe, el general Horacio Egberto Maldonado Schaad y el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez, le pedían que asumiera la presidencia de la Junta Militar de Gobierno (Ortiz, 2012).
Otros sectores, sin embargo, aseguran que Ríos Montt formó parte de la conjura desde el principio y que participaba en reuniones conspirativas para derrocar al gobierno de Lucas García con un golpe de estado (Estrada, 2018).
Presidente de facto de la República de Guatemala
Ríos Montt llegó a la presidencia de Guatemala con un Golpe de Estado el 23 de marzo de 1982 y pasó a integrar un triunvirato gobernante. La Junta de Gobierno disolvió el Congreso y abolió la Constitución (Estrada, 2018).
El 9 de junio de ese año, Ríos Montt disolvió el triunvirato y se autoproclamó Jefe de Estado. Pidió la renuncia obligada de los otros dos jefes y dejó en sus manos todo el poder, erigiéndose de paso en comandante en jefe del Ejército y ministro de Defensa.
La insurrección llamada de los Oficiales Jóvenes frustró la toma de posesión, el 1 de julio, del candidato oficialista, el general Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, postulado por el PR, el PID y el Frente de Unidad Nacional -FUN-, agrupados en el Frente Democrático Popular -FDP-, y vencedor, a todas luces fraudulento, en los comicios del 7 de marzo de 1982. Tan seguro se sentía Guevara que en el momento del golpe se encontraba en Miami -Estados Unidos- tomándose unas vacaciones (Ortiz, 2012).
Ríos Montt derogó la Constitución, cerró el Organismo Legislativo, declaró el Estado de Sitio e implantó el régimen militar puro y duro. Sin embargo, suscitó interés y apoyos por su anuncio mesiánico de combatir a «los cuatro jinetes del moderno Apocalipsis», a saber, «el hambre, la miseria, la ignorancia y la subversión», así como a la corrupción y a las depredaciones exclusivistas de la clase dirigente presuntamente depuesta (Ortiz, 2012).
El presidente de facto -es decir a la fuerza- formó su gabinete con integrantes de la Iglesia El Verbo: Francisco Bianchi -Secretario de la Presidencia-, Álvaro Hugo Contreras -Secretario de Relaciones Públicas- y Jorge Serrano Elías -Jefe del Consejo de Estado- (Estrada, 2018).
El 10 de abril de aquel año lanzó el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo -PNSD-, engendro normativo de regusto totalitario que ligaba el desarrollo socioeconómico de Guatemala al exterminio de la subversión y el adoctrinamiento de la población en el «nacionalismo» (Ortiz, 2012).
En buena medida alimentados por prejuicios chovinistas, culturales y raciales, Ríos Montt y sus colaboradores hablaban de «integrar» en el Estado a unos colectivos, campesinos e indígenas, cuya «inmadurez» en los valores patrióticos y su analfabetismo les hacía especialmente vulnerables frente al proselitismo del Comunismo Internacional (Ortiz, 2012).
La administración del presidente Ronald Reagan en Estados Unidos, muy preocupada por la repetición en Guatemala de la efervescencia revolucionaria que entre 1979 y 1981 a punto estuvo de ganar la partida por el poder en el vecino El Salvador, reconoció al Gobierno de Ríos y levantó la suspensión de la ayuda militar decretada por Jimmy Carter en 1977 (Ortiz, 2012).
Rápidamente quedó claro que las promesas reformistas y el afán del nuevo dictador, considerado a sí mismo un predestinado amén de un aficionado a ilustrar sus discursos con citas bíblicas, se ciñeron a una suerte de guerra santa contra la «amenaza comunista» -la Guerrilla– que representaban las formaciones guerrilleras Fuerzas Armadas Rebeldes -FAR-, Ejército Guerrillero de los Pobres -EGP- y Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas -ORPA-, recientemente coordinadas como Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG- y con el comunista Partido Guatemalteco del Trabajo -PGT- como brazo político (Ortiz, 2012).
En el breve período que Ríos estuvo en el poder, seguramente el más sombrío en la historia contemporánea de Guatemala, el Ejército no se limitó a reprimir con extraordinaria violencia a las guerrillas, sino que perpetró matanzas generalizadas de campesinos y población indígena, una práctica de tierra quemada, principalmente en los departamentos occidentales de Quiché y Huehuetenango, de la que su promotor no tuvo problemas en jactarse como el método expeditivo más eficaz para privar a la URNG de su base popular. Para la Organización No Gubernamental Amnistía Internacional, semejante proceder constituía un verdadero genocidio de las comunidades amerindias, que suponen la mitad de la población del país (Ortiz, 2012).
Ríos Montt, su alto mando militar y sus comandantes utilizaron estrategias y tácticas militares con una política de exterminio que incluían matanzas y bombardeos aéreos que aplastaron a la insurgencia. Además utilizó la política denominada Frijoles y Fusiles que consistía en dar alimentos y armas a quienes eran fieles al gobierno para combatir a los guerrilleros, aliados e incluso a aquel que pareciera sospechoso (Estrada, 2018).
En cierta ocasión, el general aseguró que el «buen cristiano» era aquel que se desenvolvía «con la Biblia y la metralleta», mientras que uno de sus portavoces explicó el razonamiento de que si la guerrilla contaba con colaboradores indígenas, entonces todos los indígenas eran sospechosos de subversivos, y, en tal caso, lo mejor que podía hacerse era, directamente, «matar a los indios» (Ortiz, 2012).
Ríos Montt dictaminó además la creación de los Tribunales de Fuero Especial, por medio del Decreto Ley número 46-82 de 1 de julio de 1982, los cuales fueron órganos judiciales creados para conocer delitos comunes y políticos, pero que fueron realizados al margen de la estructura judicial del Estado y bajo la jurisdicción del Ministerio de la Defensa (Estrada, 2018).
Con posterioridad a los hechos, organizaciones pro Derechos Humanos calcularon en un mínimo de 10 000 los guatemaltecos ejecutados extrajudicialmente, hombres, mujeres y niños víctimas de todas las atrocidades imaginables, y en 100 000 los refugiados como resultado de las campañas contrainsurgentes del Ejército y los desmanes de las Patrullas de Autodefensa Civil -PAC, reconocidas legalmente con el acuerdo gubernativo del 14 de abril de 1983 al amparo del PNSD-, que en la práctica funcionaron como escuadrones de paramilitares con carta blanca para asesinar y destruir a su antojo (Ortiz, 2012).
En añadidura, un informe elaborado por la Organización de Naciones Unidas estableció que 448 aldeas, la mayoría pobladas por indígenas mayas, fueron literalmente borradas del mapa (Ortiz, 2012).
Los 16 meses de la dictadura de Ríos Montt se convirtieron en una de las etapas más crueles de la guerra guatemalteca, con matanzas generalizadas en contra de poblaciones indígenas merced a su política de tierra arrasada, que no tenía empacho en pregonar. Amnistía Internacional califica esa etapa como genocidio. De acuerdo a organizaciones de derechos humanos, como recién se mencionó, en la etapa de Ríos Montt unos 10 000 guatemaltecos, en su mayoría indios, fueron ejecutados extraoficialmente y el número de refugiados ascendió a 100 000 personas (Elías, 2013).
Todas estas decisiones privaron a Ríos Montt de decisivos apoyos internos, militares y políticos, así como del respaldo de Estados Unidos, que pasó a propiciar los gobiernos moderados elegidos en las urnas en los países de la región bajo su influencia. La ruptura con la primera patronal del país, la Coordinadora de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras -CACIF-, se produjo cuando el equipo económico del general elaboró una reforma fiscal que introducía el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, estudió una tímida reforma agraria y apostó por mantener la paridad del quetzal con el dólar.
Indignado, Ríos acuso al CACIF de «falta de patriotismo» y le advirtió que en Guatemala sólo existían dos sectores, «los explotados y los explotadores». En Washington, alarmó la indocilidad de Ríos, que rehusaba a los consejeros militares y que exhibía una inesperada moderación respecto al Gobierno sandinista en Nicaragua (Ortiz, 2012).
Asimismo, el dictador perdió el apoyo de la jerarquía católica, uno de los puntales de los gobiernos de turno desde el derrocamiento del régimen izquierdista de Jacobo Arbenz Guzmán en 1954, conmocionada por los estragos de la lucha contrainsurgente e inquieta por la rápida progresión de la Iglesia del Verbo (Ortiz, 2012).
En efecto, los propagandistas de la secta sirvieron a la causa política de Ríos, ordenado ministro, acudiendo a las áreas rurales para separar a los indígenas, desarraigados y emocionalmente quebrantados por la guerra, del catolicismo, considerado subversivo por las eventuales influencias de la Teología de la Liberación, y convertirlos a un culto protestante que demandaba sumisión, resignación y una fe absoluta en los pasajes bíblicos interpretados literalmente (Ortiz, 2012).
Ante los crecientes rumores de golpe de Estado y las tensiones internas del Ejército, el 29 de junio de 1983 Ríos decretó el Estado de Emergencia y un mes después anunció la convocatoria de elecciones generales para julio de 1984, como le exigían los partidos tradicionales (Ortiz, 2012).
El 8 de agosto 1983 su ministro de Defensa, general Óscar Humberto Mejía Víctores, se hizo con el poder en un golpe incruento del que el Gobierno estadounidense no fue en absoluto ajeno. Paradójicamente, en su momento se ubicó al nuevo gobernante de facto «más a la derecha» que Ríos, quien no sufrió represalia alguna tras salir del gobierno y siguió conservando una cuota de influencia en la vida pública (Ortiz, 2012).
Entre las acciones criminales cometidas en el gobierno de Efraín Ríos Montt se detallan:
– 25 de abril de 1982: Masacre en la aldea Chipiacul. Mueren 19 hombres y una mujer.
– 27 de junio de 1982: Masacre de Babeltzap, San Carlos Las Brisas. Cerca de 30 personas fusiladas.
– 17 de julio de 1982: Masacre en la finca San Francisco, Nentón, Huehuetenango. Mueren cerca de 350 personas.
– 10 de septiembre de 1982: Masacre en la aldea Tzisbaj. Seis personas fusiladas.
– 16 de octubre de 1982: Masacre de las Dos Erres, La Libertad, Petén. Fueron muertos cerca de 200 personas.
– 25 de marzo de 1983: Captura de América Yolanda Urízar Martínez, asesora del sindicato de la CNT, del CNUS. Fue apresada en Santa Ana Berlín, Quetzaltenango, y trasladada a la ciudad capital.
– 3 de mayo de 1983: Captura de Rosa Estela Pérez, secretaria del Centro de Estudios Folklóricos de la USAC y militante de ORPA.
– 6 de junio de 1983: Secuestro de Edgar Raúl Rivas, docente de Ciencas Políticas de la USAC y militante de las FAR.
– 13 de junio de 1983: Captura de María Ayala, trabajadora de APROFAM, docente de la USAC y militante de las FAR (Móbil, 2012).
También se le atribuye la muerte de 1,771 ixiles en Quiché acontecidas durante su mandato (Estrada, 2018).
Ríos Montt además fue vinculado con la red de contrabando y defraudación aduanera, La Cofradía, también llamada Grupo Salvavidas o Red Moreno, la cual se dedicaba al contrabando y a la defraudación tributaria en puertos, aeropuertos y fronteras desde 1982, la que estaba integrada por ex altos oficiales de Inteligencia del Ejército (Estrada, 2018).
Vida después de la presidencia
A partir del retorno de la democracia en enero de 1986 de la mano del presidente democristiano Marco Vinicio Cerezo Arévalo, Ríos Montt intentó volver a la Presidencia por medios electorales. Para la convocatoria del 11 de noviembre de 1990 puso en marcha la Agrupación Nacionalista Guatemalteca -ANG-, que con el FUN y el PID -reducidos a grupúsculos en la etapa democrática con la emergencia de nuevos partidos de derecha- formó la llamada Plataforma No-Venta -PNV- (Ortiz, 2012).
La candidatura de Ríos Montt en las presidenciales, para las que contaba como favorito, fue inhabilitada en virtud del artículo constitucional que prohibe optar al cargo a antiguos mandatarios llegados al poder por medios no democráticos. Pese a esta evicción, el militar no descolgó a la PNV de las elecciones al Congreso y la coalición se hizo con 12 de los 116 escaños del Congreso de la República (Ortiz, 2012).
Denominada tras aquellos comicios Frente Republicano Guatemalteco -FRG-, la agrupación de Ríos dio la campanada en las elecciones legislativas anticipadas del 14 de agosto de 1994. Los comicios fueron convocados por el entonces presidente y antiguo procurador de los Derechos Humanos Ramiro de León Carpio, quien ostentaba la jefatura del Estado hasta la conclusión del período de transición institucional iniciado en mayo de 1993 a raíz de la renuncia y fuga del presidente Jorge Antonio Serrano Elías, ganador en las urnas en 1991, quien intentó perpetrar un autogolpe de Estado (Ortiz, 2012).
Con una abstención excepcional, del 79 por ciento, el FRG se alzó como la fuerza más votada, obteniendo el 32,2 por ciento de los sufragios y 32 de los 80 escaños del Congreso de la República sujetos a renovación, de acuerdo con las disposiciones refrendadas el 30 de enero anterior. Ríos Montt estaba en ese listado y se convirtió en diputado (Ortiz, 2012).
El 2 de diciembre de 1994, el militar fue elegido presidente del Congreso de Guatemala con el apoyo de la DCG y la Unión del Centro Nacional -UCN-, los partidos tercero y cuarto en cuanto a número de escaños. Gracias a la adhesión de nueve diputados procedentes de otros partidos, el FRG se aseguró la mayoría absoluta en el Congreso hasta el final de la legislatura (Ortiz, 2012).
El espectacular rendimiento electoral del FRG hasta otorgar a su secretario general la llave de la gobernabilidad del país, en un período delicado por las negociaciones de paz con la URNG, llenó de estupor a los observadores exteriores. Pero el hecho era que el otrora frenético exterminador de -por él declarados- enemigos políticos y ahora reconvertido en político dentro del sistema, gozaba de elevada popularidad y estaba en condiciones de convertirse en presidente constitucional por méritos propios. Ello en un país donde el trauma tras casi cuatro décadas de feroz represión militar y la perpetuación de la miseria en extensas capas de la población, habían debilitado gravemente la confianza en las instituciones democráticas y los partidos políticos (Ortiz, 2012).
Antes de las elecciones generales del 12 de noviembre de 1995, el Tribunal Supremo Electoral -TSE- volvió a descalificar a Ríos Montt para participar como candidato a presidente con el mismo argumento constitucional de cinco años atrás, lo que alimentó el victimismo del aspirante. Entonces designó para sustituirle a Alfonso Antonio Portillo Cabrera, un profesor universitario recién separado de la DCG y que antes había militado en la izquierda (Ortiz, 2012).
Con el 22 por ciento de los votos en la primera vuelta, Portillo forzó al desempate a Álvaro Enrique Arzú Yrigoyen, del Partido de Avanzada Nacional -PAN, derecha moderada-, que el 7 de enero de 1996 le batió definitivamente con el 51,2 por ciento. En las elecciones legislativas, el FRG experimentó un fuerte descenso, hasta el 20 por ciento de los votos, lo que le dio derecho a 21 de los 80 escaños del nuevo Congreso de la República (Ortiz, 2012).
El FRG nominó de nuevo a Portillo para la edición del 7 de noviembre de 1999 y además le eligió secretario general del partido en sustitución de Ríos Montt. El hecho de que el ex dictador continuara a ojos vista como líder indiscutible del FRG motivó que los críticos de Portillo le acusaran de ser una mera marioneta de su mentor (Ortiz, 2012).
En la primera vuelta de las elecciones, Portillo se distanció ampliamente del candidato oficialista, Óscar Berger Perdomo, con el 47,8 por ciento de los votos, y en la segunda y definitiva del 26 de diciembre certificó su triunfo con un abultado 68,3 por ciento (Ortiz, 2012).
En las elecciones legislativas, el FRG cosechó también una rotunda victoria al hacerse con una mayoría absoluta de 63 escaños con el 48,1 por ciento de los votos. Se hizo notar que el apoyo al FRG fue masivo en las áreas rurales pobladas mayoritariamente por campesinos mayas, precisamente el colectivo sobre el que se encarnizó la dictadura de Ríos (Ortiz, 2012).
El 14 de enero de 2000 Portillo prestó juramento de su mandato hasta 2004 ante el mismo Ríos Mott, que en virtud de la mayoría de su partido regresó a la presidencia del Congreso (Ortiz, 2012).
El 6 de junio de 2001 la Asociación para la Justicia y la Reconciliación -AJR-, con la asistencia del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), interpuso en Guatemala una denuncia contra Ríos y su Alto Mando Militar por el asesinato de 1200 personas en once masacres perpetradas en otras tantas comunidades rurales, precisamente las representadas en la querella. Dos de las más espantosas matanzas, con 300 víctimas entre las dos, sucedieron respectivamente en julio y diciembre de 1982 en las villas Plan de Sánchez, en el departamento central de Baja Verapaz, y Dos Erres, en Petén, al norte (Ortiz, 2012).
El caso fue admitido a trámite por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Guatemala y el Ministerio Público nombró un fiscal para conducir las investigaciones pertinentes. Sobre el particular, Ríos, haciendo gala de una amnesia compartida por muchos de sus votantes, siempre ha insistido en que nunca hubo genocidio bajo su presidencia y que las acusaciones de practicar tácticas de tierra quemada son falsedades de la guerrilla (Ortiz, 2012).
El 27 de agosto de 2000, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala emprendió una investigación contra él y otros legisladores del FRG por la presunta adulteración del articulado de un decreto legal que establecía un impuesto del 20 por ciento sobre la distribución de bebidas alcohólicas. El texto fue validado por el Congreso el 27 de julio, pero en la versión promulgada el 2 de agosto la tasa aparecía reducida a la mitad de aquel valor. Entonces, los diputados de la oposición denunciaron a Ríos y los suyos por incluir el recorte unilateralmente, sin conocimiento de la comisión parlamentaria correspondiente, para, aseguraban, complacer a la industria licorera (Ortiz, 2012).
El 5 de marzo de 2001 la Corte Suprema retiró la inmunidad a Ríos y otros 23 diputados del partido para que pudieran ser juzgados por presuntas falsificación documental y destrucción de pruebas. Pero el 27 de febrero el FRG se había anticipado con una oportuna modificación de la Ley del Régimen Interno del Organismo Legislativo con el objeto de evitar el desafuero efectivo de sus legisladores. Entonces, el PAN y la Alianza Nueva Nación -ANN, el partido de izquierda creado para los comicios de 1999 con participación de la URNG, luego de rubricar la paz con el Gobierno- recurrieron la medida ante la Corte de Constitucionalidad, que el 21 de marzo les dio la razón y ordenó suspender la reforma del estatuto interno del Legislativo (Ortiz, 2012).
La premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, defensora de los derechos de los indígenas y ella misma una víctima de las dictaduras guatemaltecas, interpuso el 2 de diciembre de 1999 una demanda por genocidio, torturas y terrorismo de Estado en su contra -así como contra Mejía Víctores, Lucas García, Guevara Rodríguez y otros ex altos oficiales- ante la Audiencia Nacional de España (Ortiz, 2012).
Fundamentada su denuncia en los informes elaborados por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH- y el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica -REMHI-, Menchú intentó que el juez Baltasar Garzón, responsable de la acusación en 1998 contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, procesara extraterritorialmente también a su homólogo guatemalteco (Ortiz, 2012).
El 27 de marzo de 2000 el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional de España se declaró competente para acoger la denuncia al entender que los hechos imputados podrían ser constitutivos de un delito contra la humanidad, pero el 13 de diciembre del mismo año la Sala de lo Penal de la Audiencia se pronunció sobre un recurso de la Fiscalía y ordenó al juez instructor, Guillermo Ruiz Polanco, que archivara el caso, argumentando que la justicia de Guatemala estaba en condiciones de investigar los hechos, lo que invalidaba la jurisdicción de los tribunales españoles (Ortiz, 2012).
El 24 de abril de aquel año, en un clima enrarecido por los atentados intimidatorios y las amenazas contra magistrados de los dos altos tribunales implicados, Ríos Montt vio salvada la presidencia del Congreso y se libró de ingresar en prisión al desestimar los cargos criminales el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal por el tema de la adulteración del decreto de las bebidas alcohólicas. Estos contratiempos de Ríos Montt coincidieron con la lluvia de recriminaciones al presidente Portillo por la proliferación de la corrupción y el calamitoso estado de la situación sanitaria de país (Ortiz, 2012).
El 24 y 25 de julio de 2003, más de 35 000 manifestantes -en su mayoría acarreados por el FRG- ocuparon la capital de Guatemala y la provincia para exigir la inscripción de la candidatura presidencial de Ríos Montt por el partido Frente Republicano Guatemalteco (Guatemala conmemora nueve años del Jueves Negro, 2012).
A base de dos días de protesta, conocidos como Jueves Negro y Viernes de Luto, se logró la inscripción de Ríos Montt. En consecuencia, durante aquella manifestación apadrinada por Portillo, se registró la muerte del reportero Héctor Ramírez -conocido como el Reportero X-, así como la destrucción de calles y comercios (Guatemala conmemora nueve años del Jueves Negro, 2012).
El director policial de ese entonces, Raúl Manchamé, enfrentó juicio por incumplimiento de deberes, por omisión en forma continuada, ya que no actuó ni impidió los disturbios, por lo cual fue condenado a dos años y medio de prisión conmutables (Guatemala conmemora nueve años del Jueves Negro, 2012).
Según el Tribunal, los hechos ocurridos en ese entonces violaron el orden público y la tranquilidad social. Los diputados del FRG, Baudilio Hichos, Arístides Crespo, Julio Morales, Juan Santa Cruz y Leopoldo Cruz fueron señalados como quienes orquestaron esas manifestaciones. También se archivó un proceso penal contra Ríos Montt, por esos hechos, quien tres días antes de los sucesos había anunciado que habría violencia si su inscripción no era ejecutada, por lo que fue condenado arresto domiciliario (Guatemala conmemora nueve años del Jueves Negro, 2012).
Finalmente, el general retirado participaría en las Elecciones 2003 como candidato a presidente, pero terminaría en el tercer puesto con un 19,3 por ciento de los votos, detrás de Óscar Berger y Álvaro Colom. Sería Berger el que, en segunda vuelta, se alzaría con la presidencia del país (Datos Nacionales del Tribunal Supremo Electoral, 2003)
En 2007, para las Elecciones 2007 correspondientes al período 2008-2012, Ríos Montt fue electo de nuevo como diputado. Así, desde 1994 hasta 2012 -salvo por el período de 2004 a 2008 cuando participó en la elección a presidente-, el militar retirado siempre logró un puesto en el Congreso. En enero de 2012, por tanto, finalmente perdió su inmunidad (Ríos Montt…, 2013).
Anteriormente, en mayo de 1998, el hermano del ex dictador, Mario Enrique Ríos Montt, sustituyó al asesinado Juan José Gerardi como obispo auxiliar de Guatemala y director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado -ODHAG-. Una de las misiones de la ODHAG era proseguir los trabajos de la REMHI sobre la investigación y esclarecimiento de los 200 000 muertos y 45 000 desaparecidos del Conflicto Armado e en Guatemala en el período que duró la guerra civil, de 1960 a 1996, estremecedor balance al que su hermano contribuyó intensamente en el año y medio escaso que dirigió el país y por los que, como se vio, corría riesgo de ser procesado (Ortiz, 2012).
Juicio en su contra por genocidio
El lunes 28 de enero de 2013, Ríos Montt fue declarado sujeto de enjuiciamiento por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, «tras considerar que existen pruebas suficientes de su responsabilidad en las masacres cometidas en el área Ixil -Quiché-, durante la fase más violenta de la guerra civil vivida en Guatemala entre 1960 y 1996″, de acuerdo a la decisión del Juez de Delitos de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez (Elías, 2013).
La misma suerte de Ríos Montt corrió el también general retirado Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de la Inteligencia Militar, la G-2, durante el régimen dictatorial del militar. Se le atribuyó la implementación de planes de exterminio Sofía y Firmeza 83, desclasificados por el Departamento de Estado norteamericano (Elías, 2013).
Fue un proceso largo y complicado, a lo largo del cual Ríos Montt y sus abogados utilizaron cuanto recurso legal estuvo a su alcance para entorpecerlo. Uno de las cartas jugadas fue acogerse a la Ley de Amnistía, autoproclamada por los militares antes de entregar el poder en 1986. Un tribunal resolvió que el ex gobernante «no puede acogerse» a esa ley (Elías, 2013).
El 10 de mayo de 2013 un tribunal guatemalteco lo condenó 80 años de prisión, luego de haberlo declarado culpable de genocidio contra los indígenas ixiles. El mismo tribunal penal absolvió al exjefe de Inteligencia Militar José Rodríguez Sánchez, de los delitos de genocidio y crímenes de guerra por los que fue acusado, al considerar que no tuvo injerencia en las operaciones militares contra los indígenas ixiles (Declaran culpable a Ríos Montt de genocidio, 2013).
Semanas después, el veredicto fue revocado por un recurso de la defensa. El máximo tribunal del país, Corte de Constitucionalidad -CC-, retrotrajo el proceso hasta la fase previa al juicio, pero el reinicio fue entrampado por recursos de la defensa y por el desmejoramiento de la salud de Ríos Montt (Boche, 2015).
En agosto de 2015, por orden del Tribunal de Mayor Riesgo B del Organismo Judicial, Ríos Montt fue internado en un hospital psiquiátrico privado, donde fue evaluada su capacidad mental. Los resultados obtenidos indicaron que Ríos Montt padecía demencia senil (Ortiz, 2018).
En marzo de 2016 inició un juicio especial para la aplicación de medidas de seguridad contra Ríos Montt y debate oral y público contra Rodriguez Sánchez y en mayo de ese mismo año la CC ordenó que los procesos entre Ríos Montt y Rodriguez Sánchez debeían realizarse por separado (Ortiz, 2018).
A partir de octubre de 2017, los militares eran juzgados cada viernes, Ríos Montt por la mañana a puerta cerrada y Rodriguez Sánchez, de forma pública y por las tardes. En febrero de 2018, el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Nebaj escuchó a 16 testigos ixiles de los actos de genocidio de los cuales era acusado Ríos Montt. El 23 de marzo de este mismo año, el Tribunal B de Mayor Riesgo suspendió el debate contra los dos militares por el descanso de Semana Santa (Ortiz, 2018).
El 1 de abril de 2018, Ríos Montt murió por un infarto, dentro de un cuadro de demencia senil mixta que le había sido diagnosticada y que lo había librado, desde tres años antes, de enfrentar por tercera vez un debate oral y público por el genocidio cometido por el Ejército contra 1,771 indígenas de la étnia ixil (Montepeque, 2018).
Referencias bibliográficas
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