Gustavo Herrera

Gustavo Herrera es un empresario guatemalteco, ha sido acusado de defraudar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, tráfico de drogas, sobrevaloración de tierras y operador político del gobierno de Otto Pérez Molina (Investigación, 2015).

Herrera es operador político del actual gobierno e influyó en el proceso de postulación selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia -CSJ-, Salas de Apelaciones y del Fiscal General de Guatemala (Investigación, 2015).

En el año 2002, según el Ministerio Público -MP-, Herrera planeó la compra fraudulenta de tierras y un acuerdo de construcción por medio del IGSS. Gasto US$30 millones en terrenos valuados en US$1 millón. Un abogado recibió US$2 millones por falsificar los documentos, una constructora recibió US$4  millones por el diseño de planos de viviendas que nunca se construyeron. El dinero se trasladó a cuentas en el extranjero. El exjefe del IGSS fue encarcelado, junto a otros tres directivos del IGSS. Herrera se dio a la fuga y por medio de su abogado negó tener cualquier participación en el plan. Posteriormente, un juez denegó los cargos (Dudley, 2014).

En 2004, Herrera fue vinculado al tráfico de drogas. En marzo de este año, un helicóptero que pertenecía a Herrera, se estrelló al aterrizar en Huehuetenango con 173 kilos de cocaína en su interior. La cocaína fue rastreada hasta Otto Herrera, quien en ese entonces, era uno de los blancos principales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Dudley, 2014).

Según las investigaciones Otto Herrera ayudó a mover la cocaína para el Cartel de Sinaloa y lavó las ganancias junto a Gustavo Herrera. Entre las personas que inculparon a los Herrera -sin parentesco-, estaba el comisionado presidencial para la seguridad, el ahora presidente, Otto Pérez Molina (Dudley, 2014).

Otto Herrera fue capturado en Colombia en 2007 y Gustavo Herrera siguió prófugo y por medio de su abogado negó todos los cargos por tráfico de drogas. También se le ha relacionado  con la red de Hayron Borrayo y su esposa Mirza Silvana Hernández de Borrayo (Dudley, 2014).

Herrera vendió fincas improductivas y sobrevaloradas a Fontierras durante el gobierno de Alfonso Portillo, de quien fue financista. En 2001, una agropecuaria vinculada a Herrera le vendió al Fondo de Tierras, las fincas La Cresta y El Desconsuelo, ubicadas en Cahabón, por un precio de Q8.5 millones. En publicaciones de esa época señalaban que Herrera movilizó a cientos de campesinos de otros municipios a estas fincas para invadirlas y justificar su venta al Estado. Las dos fincas -28 caballerías de extensión-, eran rocosas y totalmente improductivas. Otro caso  que se le vincula a Herrera, en 2002, es la venta de una finca que Agropecuaria Nabalijá le vendió a Fonapaz en Q22 millones, pero la Defensoría Maya denunció que esas tierras eran propiedad comunal del pueblo maya Ixil de Chajul, Quiché (Investigación, 2015).

Referencias Bibliográficas

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