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Myrna Mack Chang

(Última actualización: septiembre 28, 2015)

Imagen de la antropóloga guatemalteca Myrna Mack Chang (Fotografía: Wikiguate).

Myrna Mack Chang (24 de octubre de 1949 – 11 de septiembre de 1990) fue una antropóloga guatemalteca, asesinada en septiembre de 1990 por fuerzas militares de Guatemala debido a su participación en labores de campo con la población desplazada por el Conflicto Armado Interno en Guatemala (“Fundación Myrna Mack”, 2010).

Vida

Mack nació en el departamento de Retalhuleu, en el barrio San Nicolás, junto con sus cinco hermanos. De acuerdo a Forster (2003), estudió Antropología en la Universidad de Manchester y de Durham en Inglaterra, aunque anteriormente había laborado en Guatemala como maestra, primero, y luego como trabajadora social. Tras su estancia en Europa, volvió a Guatemala-aunque también vivió un período de tiempo en Nicaragua-. Luego trabajó como periodista en la agencia de noticias Inforpress y a la vez fundó el instituto de investigación Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales -AVANCSO- en Guatemala junto a la economista Clara Arenas (Forster, 2003).
Se casó con Víctor Hugo Hernández Anzuelo, con quien procreó a Lucrecia Hernández Mack (Galeano, 2010).

Investigación

La misma fuente afirma que el ímpetu de Mack por estudiar los efectos del Conflicto Armado Interno en Guatemala y la violencia la llevaron a regiones que sufrieron ofensivas, como en el caso del Área Ixil.

Asesinato

Mack fue asesinada por un comando especial del Estado Mayor Presidencial de Guatemala. La antropóloga recibió 27 puñaladas por parte de su agresor. El Ejército de Guatemala la habría vinculado erróneamente con la redacción de un documento de las Comunidades de Población en Resistencia, asegura Gereda (2010), aunque tampoco se descarta que la decisión de asesinarla haya obedecido a su trabajo de investigación académica sobre la población refugiada y desplazada en el Conflicto Armado Interno en Guatemala, en opinión de “Fundación Myrna Mack” (2010).

Apertura del caso en Guatemala

Helen Mack, hermana de Myrna, buscó justicia por el asesinato y después de un juicio logró la condena, en 1993, de uno de los agresores de su hermana, con la sentencia en contra del sargento Noel de Jesús Beteta, miembro del Estado Mayor Presidencial, como el autor material del asesinato. Sus esfuerzos también fueron en contra de los autores intelectuales del hecho, pues en octubre de 2002 un Juzgado Penal encontró culpable al coronel Juan Valencia Osorio de ordenar su asesinato. En mayo de 2003, sin embargo, una apelación dejó en suspenso el caso, que ha sido llevado a la Corte Suprema de Justicia. El juicio pasó por doce jueces, desde el primer Juez de Paz que realizó las primeras diligencias hasta la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, en enero de 2004 la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la pena de 30 años de prisión para Valencia, mientras que Godoy quedó en libertad. Valencia, sin embargo, se encuentra prófugo de la justicia desde 2003 (“Human Rights First”, s.f.).

En síntesis, como destaca “Fundación Myrna Mack” (2010), el proceso puede ser dividido en dos partes: la primera con la condena de Beteta, como el autor material del asesinato y la segunda al cerrar el proceso contra Édgar Augusto Godoy Gaitán, Juan Valencia Osorio y Juan Guillermo Oliva Carrera como autores intelectuales del homicidio, con Valencia encontrado como el único culpable.

Apertura del caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El 17 de septiembre de 1990, una semana después de su asesinato, el caso fue abierto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tanto por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por los familiares de Mack, en contra de la República de Guatemala (“Fundación Myrna Mack”, 2010).

Con la ayuda de la organización no gubernamental radicada en Nueva York, Lawyers’s Committee for Human Rights, Helen Mack argumentó (de 1991 a 1996) que la falta de un efectivo progreso en la investigación y procesamiento en Guatemala de los responsables de ordenar el asesinato de Myrna Mack constituían una denegación de acceso a los tribunales y una demora injustificada en los procesos criminales. Por tanto, el caso era accessible para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Fundación Myrna Mack”, 2010).

En marzo de 2000, el gobierno de la República de Guatemala admitió que el Estado tuvo una responsabilidad institucional en el asesinato de Mack, así como la violación de los Derechos Humanos. A la vez, reconoció las deficiencias en la investigación y en el proceso judicial. El gobierno de la República de Guatemala se comprometió a diversos temas ligados al proceso, como la búsqueda de los documentos necesarios para ligar a los autores intelectuales y medidas de seguridad para abogados, jueces y testigos, entre otros (“Fundación Myrna Mack”, 2010).

El último texto citado certifica también que los compromisos de la República de Guatemala no fueron cumplidos según un informe de una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que se refirió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ésta, sin embargo, solo tiene la posibilidad de determinar la responsabilidad del Estado y no está autorizada para juzgar y sancionar a los perpetradores individuales.

En 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la República de Guatemala por la ejecución extrajudicial de Myrna Mack y ordenó varias medidas de reparación material e inmaterial (“Fundación Myrna Mack”, 2010).

Referencias bibliográficas

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